Este impuesto grava todos los ingresos de empresas y personas, independientemente de si generan ganancias o pérdidas, y se aplica en cada transacción dentro de la cadena productiva. A diferencia del IVA, que permite un mecanismo de crédito fiscal y previene la acumulación, los Ingresos Brutos (IIBB) se abonan, se trasladan al precio y, en la venta siguiente, se vuelven a calcular sobre ese precio ya inflado, continuando así hasta llegar al consumidor.
Por ejemplo, un productor del sector agropecuario abona IIBB, luego la industria procesadora hace lo mismo sobre un precio incrementado, a su vez, el distribuidor mayorista paga IIBB acumulado, y finalmente, el comercio minorista también paga este impuesto, que se acumula en cada eslabón antes de que el consumidor final abone todo lo acumulado.
“Imaginemos la cadena de valor: Desde la extracción de la madera en un bosque, pasando por la industrialización y el corte para confeccionar mesas y sillas, hasta su distribución al mayorista y la venta al minorista, culminando con la entrega al consumidor final. Son cinco etapas en total. En cada una de ellas, se aplica el Impuesto a los Ingresos Brutos, sin posibilidad de descontar lo pagado anteriormente, a diferencia del IVA. Al final, ¿quién paga todos los impuestos acumulados? El consumidor final, que no tiene información sobre el costo fiscal encubierto”, explicó un especialista en la materia.
Así, con tasas que oscilan entre el 1% y el 7% por etapa, el costo fiscal efectivo que culmina en el precio final puede ser de tres a cuatro veces superior a la tasa nominal.
Este fenómeno, denominado técnicamente efecto de piramidación o cascada, implica que cada bien o servicio con una cadena de producción extensa contiene un impuesto invisible que supera, en varias ocasiones, el monto especificado en las resoluciones provinciales. Este costo se traduce, en última instancia, en una carga para el consumidor.
Ricardo Arriazu, economista y consultor, lo describió en un análisis durante una conferencia organizada por una fundación, al señalar que se trata de “un impuesto a la producción, no a la ganancia”, y comentando que “se trasladará integralmente a los precios, contribuyendo de forma silenciosa a la inflación estructural”.
La particularidad del rechazo a Ingresos Brutos radica en su diversidad ideológica; opositores a este impuesto abarcan desde los sectores más conservadores hasta economistas liberales que promueven la reducción de impuestos.
Daniel Artana, jefe de una fundación de investigaciones económicas, ha sostenido que IIBB aumenta los costos de producción en el país, afectando la competitividad en comparación con productos importados que no enfrentan la misma carga acumulada.
“Los ingresos provinciales dependen en un 75% del impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto de ventas en cascada con tasas crecientes a medida que el producto se acerca al consumidor final. A diferencia del IVA, pocas provincias tienen tasas reducidas para alimentos”, afirmó en su informe sobre el sistema tributario argentino.
Por otro lado, un documento elaborado por un centro de políticas públicas enfatiza que los sistemas tributarios de las provincias solo generan recursos para cubrir el 30% del gasto público provincial y se apoyan en el impuesto a los Ingresos Brutos, marcado por sus distorsiones. Este esquema impositivo se caracteriza por su concentración en los impuestos al consumo, lo que lo hace altamente regresivo.
Los autores del informe instan a que modificar el IIBB es “impostergable”, aunque también reconocen que alternativas como el reemplazo por un IVA provincial son difíciles de implementar, requiriendo un alto consenso y coordinación.
Una pregunta inevitable es por qué este impuesto sigue en pie. La respuesta se encuentra en que Ingresos Brutos representa entre el 60% y el 80% de la recaudación provincial.
“Funciona como una forma encubierta de financiar la actividad estatal de las provincias sin la creación de nuevos impuestos, cuyo saldo a favor se erosiona especialmente en contextos inflacionarios altos”, argumenta el especialista.
Sin esta carga impositiva, muchos gobernadores no podrían afrontar los salarios, obras públicas ni subsidios. Adicionalmente, ante la falta de una reforma integral del sistema de co-participación federal, se presentan pocas opciones viables para sustituir estos ingresos.
El experto también indicó que algunas empresas, para evitar estas retenciones que muchas veces superan la alícuota del impuesto, optan por no operar en ciertas jurisdicciones.
En cuanto a su gestión, el Impuesto a los Ingresos Brutos presenta la ventaja de ser de fácil recaudación, dado que grava los ingresos brutos y no las utilidades netas, lo que elimina la necesidad de auditorías y verificación de balances por parte de las provincias.
Entre las propuestas más debatidas se encuentra la idea de establecer un IVA provincial, similar al modelo canadiense, donde cada provincia implementa su propio impuesto con créditos fiscales, eliminando de este modo el efecto cascada en los precios. Otras alternativas incluyen gravar únicamente la etapa minorista, tal como ocurre en varios estados de Estados Unidos, o la implementación gradual de exenciones para proporcionar alivio a la industria y la construcción, que suelen tener cadenas de producción más extensas.
