Pocos días después del inicio de la actual gestión, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una devaluación del 54% y la liberación de los precios de los combustibles. Desde entonces, el valor de la nafta súper pasó de $311 por litro en 2023 a más de $2.000.
De acuerdo con un informe de una entidad privada especializada en análisis económico, un salario promedio del sector privado permite actualmente comprar alrededor de 16,4 tanques de combustible de 50 litros. En 2023, esa misma remuneración alcanzaba para llenar unos 26,3 tanques, lo que implica una reducción cercana al 38% en la capacidad de compra.
La diferencia se explica por la evolución dispar entre los ingresos y el precio de los combustibles. Mientras los salarios aumentaron 311% desde noviembre de 2023, la nafta súper registró una suba del 588%, frente a una inflación acumulada del 373%, según los datos citados en el informe.
El documento también cuestiona el esquema utilizado para determinar los precios internos de los combustibles, pese al crecimiento de la producción local de petróleo. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, la producción de Vaca Muerta aumentó 47%, mientras las refinerías operan con altos niveles de utilización.
Según el análisis, pese a ese incremento de la oferta local, los precios internos se determinan tomando como referencia valores internacionales, lo que mantiene elevado el costo de los combustibles para los consumidores.
El impacto no se limita a quienes utilizan vehículos particulares. El aumento de la nafta y el gasoil incrementa los costos del transporte y puede trasladarse posteriormente a los precios de alimentos y otros bienes. El informe estima que el encarecimiento de los combustibles podría generar una presión adicional de hasta 2,5 puntos sobre la inflación.
Otro de los aspectos señalados es el destino de los recursos recaudados mediante los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que tienen asignaciones vinculadas con la construcción y el mantenimiento de rutas.
Según el informe, en los últimos dos años y medio se recaudaron $1,5 billones por este concepto, pero solamente el 26% habría sido destinado a obras viales. El resto permaneció colocado en instrumentos financieros y títulos públicos.
El análisis sostiene que, con los fondos que no fueron ejecutados, podrían haberse realizado mejoras en entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas, una extensión equivalente a casi dos tercios de la red vial nacional.
