Ante una economía estancada y una caída en la recaudación, el Gobierno busca mostrar progreso en infraestructura sin aumentar el gasto público.
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó sobre la apertura de las ofertas para la tercera fase de la Red Federal de Concesiones, lo que representa un avance en la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión privada.
“La Red Federal de Concesiones continúa el proceso para incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, por donde circula aproximadamente el 80% del tránsito del país”, afirmó el funcionario.
Esta fase incluye la licitación de ocho corredores que abarcan las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.
La tercera etapa abarca 3.918 kilómetros de rutas nacionales distribuidos entre ocho corredores claves. Según explicó Caputo, se están licitando tramos como el Centro (RN 9, 19 y 34), Mesopotámico (RN 12 y 18), Centro-Norte (RN 34), Noroeste (RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016), Litoral (RN 12 y 16), Noreste (RN 12 y 105), Chaco-Santa Fe (RN 11) y Cuyo (RN 7).
Sin embargo, la magnitud de este esquema genera dudas, ya que, aunque se complete, solo abarcará una cuarta parte de la Red Vial Nacional.
El anuncio fue respaldado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien subrayó que el proceso “va completando la privatización de la red troncal de transporte vial”.
Sturzenegger lo definió como “un paso trascendental para la producción y la seguridad vial”. Además, destacó la participación de 21 oferentes, que presentaron 48 ofertas económicas.
Esta reactivación de las concesiones coincide con una nueva ronda de diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores, tras el inicio del desmantelamiento de obras públicas consideradas prioritarias para las provincias.
Las autoridades están habilitando mecanismos para que algunas provincias puedan financiar proyectos de manera independiente o a través de esquemas de participación privada.
La intención del Gobierno es demostrar que la infraestructura puede revitalizarse sin depender del tradicional modelo de obra pública financiada completamente por el Estado. El mensaje también busca reforzar uno de sus ejes económicos: que la recuperación de la actividad sea impulsada por la inversión privada en lugar del gasto público.
No obstante, la principal objeción al plan radica en su magnitud. La Red Vial Nacional cuenta con aproximadamente 40.000 kilómetros, mientras que el programa de concesiones cubre entre 9.000 y 10.000 kilómetros. En consecuencia, incluso si el proceso sigue su curso, alrededor de 30.000 kilómetros quedarán fuera del esquema de concesiones.
En estos corredores, muchos de los cuales presentan extensiones significativas y escasa rentabilidad, será necesaria la intervención de Vialidad Nacional para llevar a cabo tareas de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Muchos de estos caminos presentan poco tránsito, lo que hace que el cobro de peajes no genere ingresos suficientes para que una concesión privada sea viable.
Esta situación vuelve a poner en discusión el papel que tendrá la obra pública en los próximos años y el margen de negociación que la Nación tendrá con las provincias para financiar proyectos considerados estratégicos.
