El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el Ejecutivo no destinará recursos públicos para cubrir las deudas de quienes se encuentran en mora. Según explicó, el Gobierno considera que este tipo de medidas generó problemas en el pasado y que las soluciones deben surgir de acuerdos entre bancos y deudores.
La preocupación por el aumento de la morosidad se intensificó a partir de los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En mayo, el índice de irregularidad de los créditos al sector privado alcanzó el 7,7%, 0,4 puntos porcentuales por encima del mes anterior y 5,1 puntos más que un año antes.
El mayor deterioro se registró en los préstamos personales, cuya mora llegó al 12,8% durante mayo.
Según el Gobierno, los próximos datos del BCRA permitirán determinar si la tendencia comenzó a revertirse. Los registros preliminares de junio muestran una baja del indicador, aunque la confirmación oficial se conocerá con la publicación del próximo Informe sobre bancos.
Ravier vinculó el incremento de la morosidad con el escenario económico y el aumento de las tasas de interés registrado durante el año pasado. Según explicó, ese contexto afectó la demanda de dinero, elevó el costo del financiamiento y dificultó el cumplimiento de las obligaciones.
La estrategia oficial apunta a que bancos, empresas y familias puedan acordar mecanismos de refinanciación directamente entre las partes. Entre las alternativas analizadas se encuentran plazos de pago más extensos y tasas de interés más bajas para los créditos en situación irregular.
El Gobierno sostiene que la reducción de la inflación permitirá mejorar las condiciones para sostener esas refinanciaciones y contribuir a una eventual disminución de la morosidad.
En la misma línea, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el organismo busca evitar mecanismos que impliquen transferir recursos de manera discrecional para beneficiar a determinados deudores. Según planteó, las diferencias entre las partes deben resolverse principalmente mediante acuerdos privados.
Bausili también indicó que el sector privado no solicitó hasta el momento una intervención estatal para resolver el problema de la mora y que el Banco Central continúa evaluando la evolución de la situación.
De esta manera, el Gobierno mantiene su postura de no implementar una asistencia directa a los deudores y apuesta a la refinanciación entre privados, acompañada por una política de reducción de la inflación y disciplina fiscal.
