El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, confirmó la presentación judicial y sostuvo que la medida adoptada por el Gobierno nacional afecta derechos de La Pampa. El planteo se apoya en acuerdos entre ambas jurisdicciones y en distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el carácter interprovincial del río Atuel.
Según explicó Ziliotto, las sentencias de 1987, 2017 y 2020 establecieron y ratificaron la interprovincialidad del río. A partir de ese argumento, La Pampa sostiene que el agua utilizada para generar energía en Los Nihuiles también pertenece a su territorio y que, por lo tanto, las regalías derivadas de esa actividad deben contemplar a ambas provincias.
El conflicto tiene además un antecedente específico en un acuerdo firmado por La Pampa y Mendoza en 1992, que fue homologado por la Corte Suprema. De acuerdo con la posición pampeana, ese convenio establece el porcentaje de regalías que Mendoza debe pagar a La Pampa, en función de lo previsto por la Ley 15.336 y el Decreto 1560/73.
El gobernador cuestionó que un decreto presidencial pueda modificar ese esquema y planteó ante la Justicia la suspensión inmediata de las disposiciones que considera perjudiciales para la provincia.
La decisión judicial fue precedida por una fuerte reacción política en La Pampa. Dirigentes de distintos espacios opositores, incluidos sectores radicales y macristas, respaldaron el reclamo del gobierno provincial, aunque también surgieron cuestionamientos sobre la estrategia elegida para llevar adelante la disputa.
Al conocerse el decreto, Ziliotto había elevado el tono de sus críticas contra Mendoza y había vinculado la nueva situación con el histórico conflicto por el río Atuel. Desde el gobierno pampeano se sostiene que la provincia no renunciará a los derechos que considera reconocidos por acuerdos y decisiones judiciales.
En Mendoza, en cambio, el decreto fue recibido favorablemente y considerado un reconocimiento a los derechos de la provincia sobre las regalías de Los Nihuiles. La decisión también generó movimientos dentro de la política mendocina, con distintos dirigentes buscando atribuirse el resultado de las gestiones realizadas para alcanzar el nuevo esquema.
Ahora, el conflicto quedó planteado formalmente ante la Justicia Federal. La resolución de la medida cautelar determinará si se mantiene vigente la distribución establecida por el decreto nacional o si, mientras se analiza el fondo de la controversia, se suspende su aplicación respecto de las regalías de la represa.
