La iniciativa modifica el Código Contravencional, establecido por la Ley 1.472, y la Ley de Procedimiento Contravencional 12. Entre los cambios previstos figuran mayores multas, más días de arresto y un incremento de las tareas de utilidad pública, además de nuevas herramientas destinadas a garantizar el cumplimiento de las sanciones.
Entre las principales modificaciones, el proyecto establece multas de más de $7 millones para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, sanciones de hasta $58 millones para actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público y hasta 90 días de arresto para los trapitos reincidentes.
La propuesta también incorpora nuevas figuras contravencionales, entre ellas el acecho o seguimiento en la vía pública, la obtención engañosa de claves o credenciales, la organización de compraventas informales masivas en espacios públicos, la comercialización de datos personales, la tenencia de dispositivos destinados a interferir señales y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte público.
Macri afirmó que la reforma apunta a sancionar distintas conductas, entre ellas el acoso y seguimiento en la vía pública, las estafas destinadas a obtener datos personales, el financiamiento de agrupaciones violentas y la tenencia de elementos como bombas molotov durante manifestaciones. También sostuvo que el objetivo es evitar situaciones de impunidad frente a este tipo de infracciones.
En materia de ruidos molestos, el proyecto eleva las tareas de utilidad pública previstas para situaciones como la reproducción de música a alto volumen en espacios comunes de edificios. Pasarían de entre uno y cinco días a entre tres y 15 días. Además, las multas podrían alcanzar las 600 UF, equivalentes a $703.848, y se incorporaría la posibilidad de hasta 10 días de arresto.
Para la conducción bajo los efectos del alcohol, la propuesta contempla multas de entre 1.000 y 6.000 UF, por encima de los $7 millones, arrestos de entre cinco y 30 días e inhabilitación de la licencia de conducir por períodos de entre seis meses y cuatro años.
En cuanto a las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, las multas podrían alcanzar las 50.000 UF, equivalentes a unos $58.654.000. El límite actual se encuentra apenas por encima de los $15 millones.
El proyecto suma además sanciones para la suplantación de identidad de figuras de autoridad en espacios públicos, el financiamiento de contravenciones reiteradas o agrupaciones contravencionales, la tenencia o distribución de materiales destinados a disturbios y el entorpecimiento de sistemas de videovigilancia pública.
Entre las modificaciones procesales, se propone eliminar la condena en suspenso y excluir para los adultos la suspensión del proceso a prueba como alternativa. El plazo general de prescripción de la acción contravencional, en tanto, se mantendría en dos años.
La reincidencia también tendrá un tratamiento específico. La iniciativa crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público y establece incrementos de las penas del 50% para la primera reincidencia, del 66,6% para la segunda y del 100% para la tercera.
El proyecto contempla además un régimen diferenciado para adolescentes de entre 14 y 17 años. En estos casos, las medidas no replicarán el esquema previsto para adultos y estarán orientadas a la responsabilidad, la educación, la integración social y el interés del adolescente.
Entre las herramientas previstas para este grupo se encuentran la amonestación formal, el acompañamiento de equipos interdisciplinarios, programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral, reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y las capacidades de cada adolescente.
