El testimonio fue brindado por Fernando Palluchini, quien había sido incluido al comienzo de la investigación entre las empresas señaladas por presuntos aportes ilegales. Palluchini aseguró que presentó ante la Justicia los balances de la compañía para acreditar las consecuencias económicas que tuvo la decisión de no pagar y explicó que posteriormente fue sobreseído.
Ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, Palluchini describió las dificultades que atravesó la empresa para cobrar las certificaciones de trabajos realizados. Según su relato, durante unos 200 días permanecieron sin recibir los pagos correspondientes, mientras tenían que afrontar salarios, proveedores y obligaciones bancarias.
El empresario contó que, al advertir que otras compañías sí habían logrado cobrar, comenzaron a recibir información sobre la existencia de un mecanismo para acelerar los pagos. Según explicó, su hermano y socio les transmitió que debían formar parte de la denominada “camarita” y aportar “lo que hay que poner” para que se destrabaran los certificados.
En ese contexto, Palluchini señaló a Ernesto Clarens como una persona vinculada al mecanismo. Según el empresario, su hermano tenía información acerca del financista y de su supuesto rol para destrabar los pagos. También relató que, de acuerdo con lo que les habían informado, Clarens intervenía en el cambio de los montos de pesos a dólares.
La empresa decidió no ingresar en ese circuito. “Nunca pusimos un centavo de lo que había que poner y así nos fue. Casi nos fundimos”, afirmó Palluchini durante su declaración. Explicó que cumplir con las obras en los plazos establecidos y, al mismo tiempo, no poder cobrar por ellas generó una situación financiera crítica.
El empresario recordó además que, ante la falta de respuestas, concurrió a la Dirección Nacional de Vialidad y permaneció allí durante dos horas para reclamar por los certificados impagos. “Tengo 200 días de mora, debo pagar sueldos, proveedores”, relató que planteó, aunque la respuesta que recibió fue que revisarían la situación. Finalmente, la empresa recurrió a la Justicia.
Palluchini también recordó que había sido citado a declarar por el juez Claudio Bonadio a partir de un listado presentado por Clarens. Según explicó, su compañía aparecía incluida en un listado de empresas, pero pudo demostrar que no había participado del mecanismo investigado.
La declaración se produjo en el marco del juicio por uno de los tramos de la causa Cuadernos que analiza el supuesto sistema de cartelización y cobro de retornos en la obra pública civil y vial durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que empresarios contratistas del Estado entregaban dinero a funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal.
De acuerdo con la investigación, el esquema contemplaba retornos equivalentes al 10% del valor de los contratos. Cuando existía un anticipo financiero del 20%, se habría exigido la entrega inmediata de la mitad de ese monto. En los casos en que el anticipo era del 10%, el pago se habría realizado en cuotas o después de la liberación de los certificados de obra. José López, exsecretario de Obras Públicas, declaró que, cuando no existía anticipo, el retorno podía ubicarse entre el 3% y el 5% contra la certificación del avance de los trabajos.
La investigación también sostiene que determinadas licitaciones viales eran asignadas previamente a un grupo reducido de cuatro empresas que establecían los precios, mientras que el resto del presupuesto era distribuido proporcionalmente entre otras firmas, siempre bajo la condición de realizar el pago del denominado canon ilegal.
Según las declaraciones incorporadas a la causa y los registros atribuidos a Clarens, este mecanismo habría involucrado a un conjunto de empresarios y funcionarios. En el expediente hay 51 personas procesadas dentro de una investigación que reúne a 126 imputados.
En relación con Cristina Kirchner, la acusación sostiene que fue la principal responsable de la asociación ilícita investigada y le atribuye hechos de cohecho vinculados con contratos de obra pública vial.
Al reconstruir la situación de su empresa, Palluchini sostuvo que la compañía pudo atravesar finalmente la crisis económica con ayuda de otras firmas del grupo al que pertenecía. También explicó que presentó ante la Justicia los balances y la documentación sobre la situación financiera, en un momento en el que la empresa ya tenía dificultades para afrontar los pagos de los créditos bancarios.
