La suspensión alcanza por 60 días a la normativa que, entre otros cambios, incorpora al sistema penal a adolescentes desde los 14 años. La decisión fue adoptada apenas dos días después de la entrada en vigencia del nuevo régimen.
Cornejo consideró que, si la Justicia entiende que la norma es contraria a la Constitución, corresponde que se pronuncie sobre esa cuestión, pero cuestionó que pueda disponer directamente la suspensión de una ley.
En la misma línea se manifestó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien respaldó la posibilidad de avanzar con un pedido de juicio político contra la jueza que dispuso la medida. El funcionario sostuvo que la discusión sobre una nueva legislación penal juvenil lleva décadas y consideró que la suspensión implica mantener un esquema que, a su entender, perjudica a la sociedad.
Santilli también defendió la aplicación de sanciones ante delitos graves cometidos por menores y señaló que la nueva normativa había sido debatida y aprobada por el Congreso. En ese marco, planteó que la suspensión debería ser revertida.
La resolución judicial se originó a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado ante la Justicia bonaerense. La magistrada a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora dispuso la suspensión por 60 días de la implementación del régimen.
El fundamento principal de la medida no fue una declaración de inconstitucionalidad de la ley. La jueza centró su decisión en las condiciones materiales, institucionales y profesionales existentes en el sistema bonaerense para afrontar el eventual aumento de adolescentes que podrían quedar sujetos a medidas de privación de la libertad.
Según la resolución, los dispositivos disponibles actualmente no contarían con capacidad suficiente para recibir a una mayor cantidad de jóvenes. La magistrada también señaló riesgos vinculados con la sobreocupación, las condiciones de infraestructura y la falta de recursos necesarios para implementar el nuevo esquema.
Durante los 60 días de suspensión, las autoridades deberán informar las medidas adoptadas para adecuar el sistema a las nuevas exigencias. Además, se convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que participarán funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo provincial y representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
La resolución sostiene que el Estado debe adoptar medidas preventivas frente a posibles vulneraciones de derechos y no esperar a que estas se produzcan. En ese sentido, advierte que incrementar la cantidad de adolescentes sometidos al régimen penal sin contar previamente con espacios y condiciones adecuadas de alojamiento podría profundizar las dificultades existentes.
La controversia quedó así planteada entre quienes cuestionan la suspensión por considerar que interfiere con una ley aprobada por el Congreso y quienes sostienen que la aplicación del nuevo régimen requiere previamente condiciones materiales e institucionales adecuadas para garantizar los derechos de los adolescentes alcanzados.
