Con la intención de mantener un superávit fiscal, la Casa Rosada ha implementado ajustes en las transferencias discrecionales, lo que ha derivado en un deterioro creciente de las cuentas públicas provinciales. Esto ocurre en un contexto de recuperación económica que, aunque se empieza a vislumbrar, sigue siendo insuficiente, mientras que la presión sobre los gastos relacionados con salarios, salud, educación y obra pública aumenta.
Si las provincias hubieran mantenido el mismo nivel de gasto real registrado en la primera mitad de 2025, el superávit financiero del 1% del gasto total se transformaría en un déficit del 2%.
En este sentido, Tierra del Fuego podría elevar su déficit del 8% al 11% de sus egresos totales; Chaco pasaría de un déficit del 7% a un 10%; Chubut de un 4% a un 8%, y Buenos Aires incrementaría su desequilibrio hasta un 6% del gasto total. Además, cuatro provincias que habían mostrado superávit en el primer semestre de 2025 —Misiones, Río Negro, Formosa y La Rioja— podrían caer en el terreno del déficit.
Estos datos provienen de un análisis realizado por los economistas Marcelo Capello, Martín Fiore y Valentina Gallardo, quienes alertan sobre la situación financiera provincial, incluso en un año donde se espera que la economía argentina crezca. De acuerdo con sus previsiones, el Producto Bruto Interno (PBI) podría aumentar alrededor del 3,5%, sin embargo, se estima que los recursos totales provinciales decrecerán un 2,6% real en los primeros cinco meses del año, lo cual genera alarma en las administraciones provinciales.
Además, los economistas han estimado cuánto debería variar el gasto anual de cada provincia en el primer semestre para mantener el equilibrio financiero. Así, Tierra del Fuego y Chaco necesitarían reducir su gasto en un 11% y 10%, respectivamente, respecto al primer semestre de 2025; mientras que Chubut debería disminuir un 8%, Misiones un 7% y Buenos Aires un 6%. Por el contrario, Jujuy podría aumentar su gasto real en un 13%, Santiago del Estero y Mendoza en un 8%, y Córdoba en un 7%, manteniendo un equilibrio.
El informe destaca una problemática que afecta la relación entre la Nación y las provincias: el ajuste fiscal nacional ha trasladado gran parte de la presión financiera a los gobernadores. La Casa Rosada ha logrado mantener un superávit mediante recortes significativos en el gasto, especialmente en jubilaciones, obras públicas y transferencias. Como resultado, las provincias lidian con una disminución en los fondos nacionales, mientras su recaudación propia sigue siendo débil, y sus estructuras de gasto son mucho más inflexibles.
El mes de mayo trajo un alivio parcial a las provincias, ya que las transferencias automáticas nacionales incrementaron un 8,2% interanual real, impulsadas principalmente por el rendimiento de los impuestos sobre las ganancias. Sin embargo, este aumento se debió a la temporalidad del cierre de balances empresariales en diciembre, lo que generó un ingreso extraordinario de recursos co-participables.
No obstante, el informe señala que esta mejora mensual es parte de un panorama más inestable. “Los tributos ligados estrictamente al mercado interno y al consumo interno han condicionado el volumen de transferencias hacia provincias en los últimos meses”, afirman los analistas. El rebote en la actividad aún no está reflejado en los impuestos más asociados al crecimiento económico.
Al evaluar el acumulado entre enero y mayo, las transferencias automáticas muestran una caída del 2,5% real interanual. La situación se agrava al incorporar las transferencias discrecionales, llevando a una reducción total de los giros a las provincias del 4,8% real en el acumulado anual.
Entre las provincias, Santa Cruz se destaca por ser la más afectada en términos de transferencias totales, con una disminución del 6%. Otras provincias que enfrentan importantes deterioros incluyen a La Rioja, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, con bajas cercanas al 4%. En contraste, La Pampa (2%) y Misiones (1%) han reportado aumentos en los fondos totales recibidos del gobierno central.
En cuanto a la recaudación propia de las provincias, que es uno de los aspectos que ha generado creciente preocupación entre los gobernadores, en promedio, ha crecido un 0,6% real en lo que va de 2026. Sin embargo, este aumento resulta insuficiente para compensar la caída en las transferencias nacionales y la presión generada en el gasto.
Entre Ríos se posiciona como la provincia con mejor desempeño en su recaudación, con un crecimiento del 11%, seguida de Neuquén y San Juan, ambas con incrementos del 8%. En el extremo opuesto, Misiones sufre una baja del 22% y La Rioja un 13%.
Esto lleva a que Neuquén se distinga en el mapa fiscal argentino, logrando un incremento del 5% en sus recursos totales, en gran parte gracias a regalías hidrocarburíferas y el impacto de Vaca Muerta, siendo la única provincia que combina mejora en ingresos y fortaleza fiscal relativa. El Ieral señala que “más del 100% del aumento en sus recursos totales se explica por lo ocurrido con sus recursos propios”.
La situación de la provincia de Buenos Aires también es crítica, tanto por su relevancia política como por su magnitud financiera. Según el análisis, cerró 2025 con un déficit financiero del 5,6% de su gasto total. Durante este año, sus ingresos muestran una caída cercana al 1% real. Proyecciones para el primer semestre la ubican entre las provincias con mayor deterioro potencial si no se implementan ajustes en las erogaciones.
El panorama más complicado se observa en Tierra del Fuego, que concluyó 2025 con un déficit financiero del 14,1% de su gasto total, el peor registro a nivel provincial en el país. También se identifican desequilibrios en La Pampa (-11,6%), Chubut (-7,4%) y Chaco (-6,8%).
La comparación entre el ajuste fiscal nacional y el provincial revela que, entre 2023 y 2025, el gasto nacional acumuló una reducción real del 24,9%, mientras que el consolidado provincial se disminuyó en un 9,6%.
En este contexto, desde la Casa Rosada se mantiene la postura de que los gobernadores aún tienen capacidad para implementar más ajustes, mientras los mandatarios buscan apoyos en el Congreso para financiar obras públicas y recuperar fondos que les corresponden por ley.
