A diferencia de la audiencia anterior, no se informó la identidad de los testigos que comparecerán durante la jornada. La medida de reserva se había implementado el jueves pasado, cuando el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, explicó que la Policía Federal había informado que dos de las personas citadas pertenecían al cuerpo de Inteligencia.
A partir de esa información, el tribunal resolvió interrumpir la transmisión y dispuso que el público presente abandonara la sala, mientras los abogados de las partes permanecieron en el lugar.
Durante aquella audiencia se abordaron cuestiones técnicas vinculadas con un informe sobre los teléfonos de los imputados, en particular el análisis del cruce de llamadas entre los involucrados. Los agentes de la Policía Federal que declararon en esa instancia pertenecían al área de Inteligencia.
La restricción también se reflejó en el canal de YouTube donde habitualmente se transmiten las sesiones, en el que apareció el mensaje “1 video no disponible está oculto” debajo de la lista de reproducciones anteriores.
El último testimonio conocido fue el de Pablo Enríquez, subcomisario de la Policía Federal, quien había comenzado a explicar el análisis del cruce de llamadas de los investigados. Según declaró, esa información suele presentarse en archivos de Excel o PDF con listados. También aclaró que las tareas específicas relacionadas con ese punto habían sido realizadas por otros integrantes que debían declarar posteriormente. “No recuerdo cómo llegó el material”, afirmó.
Tras su declaración, el público debió retirarse del auditorio para que continuara la audiencia con personal de Inteligencia. Desde entonces, se mantiene un esquema de acceso restringido, con controles de seguridad y presencia exclusiva de las partes autorizadas, entre ellas el personal judicial, la querella de la Unidad de Información Financiera, los testigos y los abogados defensores.
En las audiencias anteriores también se había planteado la necesidad de proteger información sensible. Las partes solicitaron medidas para evitar la divulgación de números telefónicos y otros datos personales de los imputados o de terceros que no están vinculados con la causa. Si bien hasta ese momento no se había presentado evidencia sobre el cruce de llamadas, existía acuerdo respecto de la sensibilidad de la información que se trataría.
La fiscal Fabiana León respaldó la protección de esos datos, aunque consideró excesiva la decisión de restringir el acceso al auditorio. Durante su intervención, sostuvo que debía evitarse la difusión de números telefónicos de personas ajenas al expediente. Por ese motivo, en las declaraciones de testigos que no pertenecían al cuerpo de Inteligencia, la sala había permanecido abierta al público.
