La iniciativa contempla seis ejes principales: partidos políticos, financiamiento, Parlamento del Mercosur, simultaneidad de las elecciones, Ficha Limpia y eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Sin embargo, dentro del oficialismo surgió una preocupación vinculada con otro aspecto del sistema electoral: cómo quedaría regulada la obligatoriedad del debate presidencial si finalmente desaparecen las primarias.
La Ley 27.337, sancionada en 2016, establece que deben participar de los debates presidenciales los candidatos cuyas agrupaciones hayan obtenido al menos el 1,5% de los votos válidos en las PASO. Ese porcentaje funciona como criterio para determinar qué postulantes están obligados a participar.
El problema que plantea la reforma es que el proyecto elimina, en su Título II, las normas vinculadas con las primarias, pero no modifica ni reemplaza el artículo que establece el mecanismo para determinar quiénes deben participar del debate presidencial. De aprobarse el texto sin cambios, desaparecería el criterio que actualmente permite establecer la obligatoriedad, sin que se incorpore una alternativa.
La cuestión tiene relevancia dentro del sistema electoral porque el debate presidencial se convirtió desde su incorporación en 2015 en una de las principales instancias de exposición de los candidatos. En el balotaje de ese año, el debate entre Mauricio Macri y Daniel Scioli alcanzó 54 puntos de rating.
La legislación aprobada en 2016 buscó que la participación no quedara librada exclusivamente a la decisión de cada candidato. La obligatoriedad quedó acompañada por sanciones para quienes no concurran: la pérdida de los espacios publicitarios correspondientes y la representación del candidato ausente mediante un lugar vacío en el escenario.
La eliminación de las PASO plantea entonces un problema de diseño electoral: si ya no existe una elección primaria que permita establecer un piso de votos, será necesario definir qué criterio determina cuáles son los candidatos que deben participar obligatoriamente del debate presidencial.
Una de las alternativas posibles sería utilizar un sistema basado en encuestas de intención de voto. Ese mecanismo tiene antecedentes en Estados Unidos, donde la participación en los debates presidenciales fue vinculada históricamente con un determinado nivel de respaldo en los sondeos nacionales.
Otra posibilidad consiste en utilizar como referencia la representación parlamentaria obtenida en la elección anterior. Este esquema tiene presencia en distintos países europeos, donde el criterio para convocar a determinados candidatos está relacionado con la representación que sus partidos tienen en el Parlamento.
Un tercer modelo es el utilizado en algunos países de América Latina, donde el criterio resulta más amplio y permite participar a todos los candidatos presidenciales que hayan formalizado su candidatura. En otros casos, la exposición en los debates se vincula con la representación parlamentaria o con la estructura partidaria.
La discusión adquiere una particular relevancia en Argentina a partir del antecedente de Javier Milei. La Libertad Avanza tenía una representación parlamentaria reducida cuando comenzó su crecimiento electoral y, bajo un criterio basado exclusivamente en la cantidad de bancas obtenidas en una elección anterior, su participación en un debate presidencial podría haber quedado condicionada.
Las PASO de agosto de 2023 permitieron establecer, en cambio, qué fuerzas habían obtenido mayor respaldo electoral antes de la elección general. Milei fue el candidato más votado en esa instancia y quedó así habilitado para participar del debate presidencial.
El antecedente también forma parte de los argumentos de quienes defienden la continuidad de las primarias. Desde el PRO, Cristian Ritondo planteó que tanto Mauricio Macri como Milei surgieron de las PASO como alternativas al kirchnerismo.
Dentro de La Libertad Avanza todavía no existe una definición sobre el mecanismo que podría reemplazar a las PASO como criterio para determinar la participación obligatoria en los debates. Entre las alternativas analizadas aparecen tanto el uso de encuestas como la representación parlamentaria, aunque el esquema definitivo todavía se encuentra en discusión.
La definición será relevante porque cualquier nuevo criterio podría dejar fuera de los debates a una fuerza política que no cuente con representación parlamentaria suficiente o que no alcance determinado nivel en las encuestas, aun cuando luego consiga un crecimiento importante durante la campaña.
En este escenario, una de las posibilidades que aparece en la discusión legislativa es que las PASO no sean eliminadas definitivamente sino suspendidas. Si ese escenario avanzara, también debería resolverse de qué manera se aplicaría la obligatoriedad del debate presidencial durante el período excepcional.
Entre las alternativas analizadas aparece la posibilidad de que, por única vez, el debate presidencial deje de ser obligatorio. Para ello sería necesario modificar o derogar la norma que actualmente establece esa obligación, lo que volvería a dejar en manos de los candidatos la decisión de participar y reabriría una discusión similar a la que se produjo en 2023 sobre la conveniencia de debatir.
