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La Justicia reordenó la conducción de la UOM y dispuso una nueva estructura de intervención

15 septiembre, 2026
in Política
La Justicia reordenó la conducción de la UOM y dispuso una nueva estructura de intervención
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La Justicia laboral dispuso una nueva reorganización de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con cambios tanto en la conducción de la seccional Zárate-Campana como en la estructura nacional del sindicato. La resolución también derivó a la Justicia penal información vinculada con presuntas irregularidades durante la gestión de Abel Furlán.

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió designar a Pablo Daniel Iglesias al frente de la seccional Zárate-Campana y establecer una conducción nacional colegiada integrada por Alberto Biglieri, Pablo Iglesias y Ariel Martín Alonso.

Los tres integrantes tendrán las mismas facultades y las decisiones serán adoptadas por mayoría simple. El objetivo establecido por el tribunal es garantizar la gobernabilidad de la organización durante el proceso de normalización y evitar eventuales vacíos de poder ante ausencias o diferencias internas.

Iglesias reemplazará a Biglieri en la conducción de la seccional Zárate-Campana. Según la resolución, el nuevo interventor cuenta con experiencia jurídica vinculada con la materia y tendrá las facultades previstas por las normas legales, reglamentarias y estatutarias de la organización.

Entre sus principales tareas estará la convocatoria a elecciones para avanzar con la normalización de la seccional y restablecer su funcionamiento institucional.

Biglieri había sido designado interventor de la UOM en mayo, después de que la misma Sala VIII anulara las elecciones realizadas en marzo en Zárate-Campana. En aquella oportunidad, Abel Furlán había competido contra una lista encabezada por Angel Derosso.

Los camaristas consideraron que no estaban dadas las condiciones para garantizar una elección confiable, segura y transparente. El fallo cuestionó particularmente los mecanismos utilizados para custodiar y contabilizar los votos durante las tres jornadas electorales y sostuvo que esas medidas afectaron la objetividad del proceso y los principios de libertad y democracia sindical establecidos por la Constitución Nacional y los convenios internacionales.

El nuevo esquema también toma en cuenta las dificultades señaladas por Biglieri para avanzar con elecciones tanto en Zárate-Campana como en la conducción nacional. En su informe trimestral de gestión, el interventor había considerado que existían obstáculos que impedían concretar los comicios bajo condiciones adecuadas.

Ese informe derivó además en una presentación ante la Justicia penal por situaciones que, según el documento, deberían ser investigadas en ese ámbito. La documentación fue remitida a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y a la Cámara Criminal y Correccional Federal.

Una de las líneas de investigación está relacionada con la contratación de USEM por parte de la UOM y el manejo de fondos del sindicato. La Justicia analiza los vínculos de la organización con esa empresa y las condiciones en las que se habrían realizado determinadas contrataciones.

Furlán, desplazado de la conducción, inició por su parte una estrategia judicial para rechazar las acusaciones. En presentaciones realizadas ante distintos juzgados solicitó su sobreseimiento y negó que la contratación de USEM haya implicado una transferencia del control de los recursos sindicales.

En esos escritos sostuvo que los servicios contratados fueron efectivamente prestados y que las decisiones relacionadas con esas operaciones fueron adoptadas por los órganos internos de la UOM.

También brindó explicaciones sobre María Soledad Calle, mencionada en las actuaciones judiciales por su relación con la compra de un departamento cercano al de Cristina Kirchner.

La resolución de la Cámara busca así avanzar con la normalización institucional de la UOM mediante una conducción colegiada a nivel nacional y una nueva intervención en Zárate-Campana, mientras continúan las actuaciones judiciales vinculadas con las elecciones anuladas y con las presuntas irregularidades bajo análisis penal.

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