La discrepancia es cada vez más evidente y tiene como protagonistas a la Aduana, que controla los ingresos de bienes al país, y a los responsables de la política comercial en el ministerio de Economía, donde Federico Sturzenegger juega un papel fundamental desde la cartera de Desregulación del Estado.
La facilitación de importaciones que ha implementado la Secretaría de Comercio, que incluye desregulación normativa y mayores libertades para la compra exterior de particulares, se enfrenta no solo al esquema restrictivo previo, sino también a un control aduanero que, actualmente, no logra evitar fraudes ni maniobras de subfacturación.
Desde el Palacio de Hacienda, la estrategia del ministro Javier Milei es clara: fomentar la entrada de bienes de consumo final para influir en la reducción de precios en el mercado interno. Sin embargo, las industrias nacionales advierten sobre una competencia desleal, agravada por la caída del consumo interno.
Los empresarios sostienen que mientras los productos, como pantalones de jean a precios extremadamente bajos provenientes de China, ingresan al país, la carga fiscal interna no ha disminuido, lo que dificulta la posibilidad de competir.
El debate se intensificó tras los comentarios del director de la Aduana, Andrés Velis, en un seminario organizado por un centro de despachantes, donde, en respuesta a las críticas del sector privado, afirmó que, en las condiciones actuales, el courier “va a desaparecer”.
Aunque se trató de una expresión metafórica, Velis reconoció que la Aduana carece de las condiciones necesarias para el seguimiento y la seguridad necesarias para manejar adecuadamente el sistema. En esta línea, anunció un endurecimiento de las fiscalizaciones y afirmó que un aumento en los controles permitiría reducir las maniobras que han llevado a un uso excesivo del régimen.
Estas declaraciones han puesto de manifiesto una clara división en el oficialismo entre quienes abogan por una desregulación total y los técnicos de la Aduana, que, al enfrentar la situación, demandan mejores herramientas de control.
La problemática volvió a cobrar protagonismo en el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
En este encuentro, expertos y técnicos aduaneros presentaron cifras que evidencian la vulnerabilidad del sistema simplificado de envíos, manifestando que el flujo ha crecido de manera desmesurada, pasando de un promedio de 300.000 envíos mensuales a 1,6 millones de paquetes al mes.
Las estadísticas oficiales confirman que este canal de importaciones está alcanzando niveles históricos. En marzo, las importaciones por courier totalizaron u$s 103 millones, marcando el segundo registro mensual más alto en la historia y un aumento interanual del 123,1%, acumulándose u$s 518 millones en los primeros cinco meses del año.
Ante esta situación de microimportaciones, las agencias de control admiten que la capacidad de determinar qué bultos revisar ha sido desbordada. Esta deficiencia en la frontera ha sido criticada por representantes de industrias locales como la textil, del calzado y de la electrónica, quienes advierten que la ampliación de los límites a u$s 3000 ha propiciado un aumento del “microcontrabando”.
Al elevarse los topes sin un seguimiento adecuado, las estructuras informales han fragmentado el contrabando tradicional, facilitando la legalización del ingreso masivo de productos replicados y de mercancías subvaluadas.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Mario Grinman, también destacó el aumento del contrabando y la subfacturación.
Desde la Aduana, al responder a estas críticas, se reafirmó que la definición de la política económica corresponde al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía, mientras que su función es aplicarla, lo que implica adaptarse a los cambios en la economía. Además, se mencionaron limitaciones para avanzar en denuncias penales debido a la falta de cooperación internacional.
Según se reveló, Argentina ha estado esperando durante siete años una respuesta de China a solicitudes informáticas y diplomáticas para verificar los valores de origen. Sin esta colaboración, los casos judiciales por fraude y subvaluación se encuentran estancados en los tribunales.
Ante el dilema de optar por cerrar las fronteras o mantener un sistema deficiente, desde el sector logístico privado se propone una tercera alternativa que no elimine el régimen de envíos simples, sino que modernice el control.
Gabriel Salomón, director comercial de una empresa dedicada a la logística y el comercio exterior, sugirió redirigir el debate: “El courier no es un enemigo de la industria nacional, sino infraestructura comercial”.
Esta empresa sostiene que el sistema actual permite a las pequeñas y medianas empresas acceder a tecnología, muestras y repuestos críticos sin enfrentarse a costos incompatibles. “El courier no compite contra la industria: compite contra la burocracia”, enfatizó Salomón, resaltando que los verdaderos obstáculos son las trabas administrativas, no la importación en sí misma.
Para gestionar este auge sin perjudicar la competitividad, se propone al Estado implementar una política aduanera moderna que se base en cuatro ejes de control inteligente, en lugar de aplicar una burocracia uniforme y pesada.
El especialista destacó la importancia de la información anticipada y la automatización, sugiriendo que se exijan datos digitales previos a la llegada de las cargas, automatizando la clasificación arancelaria y validando de forma inteligente los valores declarados.
También propuso establecer reglas que diferencien entre consumo personal, microimportación productiva y reventa comercial.
Focalizando en los riesgos críticos, recomendó que los controles físicos de la Aduana se concentren en aspectos de riesgo real, como seguridad eléctrica, salud pública y propiedad intelectual.
Por último, abogó por una digitalización completa y transparente de los procesos, para que el comercio electrónico transfronterizo funcione como un motor de competitividad global para la economía argentina, sin poner en riesgo al mercado local.
