Un informe de una consultora especializada señala que durante la gestión de Javier Milei, el crédito bancario al sector privado duplicó su peso relativo respecto al Producto Interno Bruto (PIB), aunque esta expansión partió de mínimos históricos y luego perdió impulso. “Gracias al equilibrio fiscal, el sector público redujo significativamente su absorción de financiamiento bancario, revirtiendo el fenómeno de crowding out observado durante los años anteriores”, describe el informe. Así, los bancos pudieron canalizar más recursos hacia el sector privado, que pasó de representar apenas 6 puntos del PIB en 2023 a 12,6 puntos en el primer trimestre de 2026.
En términos de montos, el financiamiento bancario al sector público disminuyó en 40 billones de pesos desde fines de 2023, ubicándose actualmente en 100 billones. Al mismo tiempo, el stock de préstamos al sector privado escaló de 57 a 133 billones de pesos en junio de 2026, siendo la mitad de este total correspondiente a las familias. Sin embargo, desde mediados de 2025, el financiamiento total al sector privado se ha estancado. “El financiamiento al sector privado en su conjunto —empresas y familias— se amesetó a mediados de 2025, en línea con la incertidumbre preelectoral que afectó a toda la economía, y todavía no muestra signos de recuperación para las familias”, puntualiza el análisis de la consultora.
Particularmente, la situación de las familias destaca por un salto en la morosidad. Datos recientes indican que la mora bancaria de las familias llegó al 12,8% en mayo, el mayor nivel registrado en más de dos décadas. En el segmento de créditos personales, la irregularidad alcanzó el 15,9%, mientras que en tarjetas de crédito se ubicó en 13,1%. Los préstamos con garantía prendaria y los hipotecarios mostraron niveles de mora de 7,7% y 1,6%, respectivamente. La información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sitúa la tasa global de irregularidad del crédito al sector privado en 7,7% para ese mismo mes.
Este deterioro impacta de lleno en la dinámica de tasas. “Parte de la explicación de este estancamiento real del crédito a las familias podemos encontrarla en una tasa de interés de financiamiento que presenta una fuerte resistencia a la baja”, sostiene el informe. Mientras que la tasa de plazo fijo perforó el 20%, siguiendo la moderación de las expectativas inflacionarias, la percepción general es que las tasas activas no han acompañado este descenso. “En los últimos meses, las tasas de interés recuperaron la tendencia decreciente previa al periodo preelectoral, pero la brecha entre tasas activas y pasivas se ha ampliado en casi 20 puntos porcentuales, reflejando la rigidez de la tasa activa de interés.”
La consultora descompone la tasa de interés en varias capas. La primera, y más relevante, es el costo de fondeo, es decir, lo que el banco paga por el dinero que presta, que promedia cerca de 20 puntos porcentuales. Sin embargo, las exigencias de encaje —actualmente en torno al 25% de los depósitos a plazo— elevan ese costo por encima de los 25 puntos. La consultora resalta que “el banco remunera el total del depósito, pero solo puede prestar la porción neta de encaje, encaje que prácticamente no es remunerado”.
A esta situación se suma el riesgo de crédito, que ha aumentado debido al deterioro en la capacidad de pago de las familias: “La situación de las familias comenzó a agravarse a partir del segundo trimestre de 2025, y el deterioro se consolidó a partir de mediados del año pasado debido al incremento de tasas de interés que se desató en la crisis preelectoral, afectando principalmente al financiamiento sin garantía”. El ratio de irregularidad en los pagos superó el 12% para las familias, un salto atribuido a que “las tasas activas no descendieron al mismo ritmo que la inflación durante los últimos dos años, elevando notablemente el costo del crédito en términos reales”.
Las cifras confirman el fenómeno observado en el sector. De acuerdo con el informe, “la carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó en abril el 24,1% de la masa salarial formal, un nivel que hace dos años no llegaba al 9%”. El aumento en la morosidad también afecta más intensamente a los deudores más jóvenes y a aquellos que obtienen crédito en instituciones no financieras: entre los deudores de 18 a 25 años, la irregularidad supera el 40%, y en entidades no bancarias, casi el 30%.
Un análisis complementario de otra firma aporta contexto sobre la reciente evolución del crédito. Tras cinco meses de caída, en junio, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado creció en términos nominales un 3,6% mensual, alcanzando un saldo de 103,1 billones de pesos, con un crecimiento interanual del 35,6%. En términos reales, el aumento mensual fue del 1,7% y del 1,3% en el comparativo anual. Según un socio de la firma, “luego de cinco meses de retroceso, por fin alcanzamos un mes con variación positiva en términos reales”.
El análisis individual de las carteras muestra que el mayor dinamismo corresponde a los préstamos comerciales, que subsecuentemente aumentaron en términos reales un 4,5% mensual, aunque en la comparación interanual aún se observa una disminución. Por el contrario, los préstamos personales exhibieron una caída mensual real del 1% y una disminución anual del 2,9%. “El nivel de tasas es todavía muy alto en relación a la inflación esperada, lo que frena la demanda de nuevas operaciones”, explica el profesional. Además, la irregularidad en la cartera restringe la oferta de las entidades financieras, que tienden a priorizar la recuperación de los ratios de mora antes de avanzar comercialmente.
El informe detalla que la tasa activa —que deben pagar los deudores— está anclada a una serie de costos adicionales al costo de fondeo. “Mientras el costo de captación de depósitos para intermediación en créditos ha disminuido, ¿por qué la tasa activa apenas cede?”, plantea el documento. Entre los factores que influyen en esta rigidez, se encuentran el encaje, la morosidad y el riesgo país. “Casi 24 puntos de interés se suman a los riesgos del costo del financiamiento, donde más de 15 puntos se explican por el riesgo de crédito, y más de 8 por el riesgo de tasa y depreciación de la moneda.”
La rentabilidad exigida sobre el capital agrega más de 5 puntos porcentuales, mientras que los costos operativos de la estructura bancaria suman otros casi 6 puntos. “El sistema financiero tiene prohibido desde hace una década establecer comisiones de originación y gestión de préstamos, comisiones que buscaban compensar los costos administrativos; si bien no afecta finalmente el costo del financiamiento total, esos cargos han terminado por internalizarse en la tasa de interés”, señala el reporte.
El análisis también menciona otro componente crucial: los impuestos. “La última capa está compuesta por los impuestos implícitos, que explican más de 7 puntos porcentuales de interés, principalmente el impuesto sobre los ingresos brutos que cobran las provincias, trasladado completamente a los deudores, y a una alícuota promedio para el país de 8,4% sobre los intereses.” Al sumar el impuesto a los sellos y el IVA sobre los intereses, el costo financiero total para los préstamos personales se ubica en el 82,8% nominal anual, con un costo efectivo anual de 122,7%.
En el caso de las tarjetas de crédito, el costo de la opcionalidad de financiación —la posibilidad de endeudarse a demanda— añade una prima adicional de 11 puntos porcentuales. Por lo tanto, la tasa mínima para el financiamiento con tarjeta ronda el 77% nominal anual, aunque la tasa observada en junio llegó a 87,5%. La consultora explica que la diferencia residual se debe a un componente disuasorio: “La diferencia residual de casi 11 puntos se explica por un alto componente disuasorio para desalentar el pago mínimo y el uso de la tarjeta como medio de financiamiento permanente; por otro lado, el deudor que no cancela el total del resumen demuestra temporalmente su propia iliquidez y mayor riesgo crediticio”.
Las expectativas sobre una posible disminución de las tasas dependen de la mejora en la calidad de la cartera y de una reducción de los costos regulatorios e impositivos. La consultora estima que “una disminución de la mora a valores normales, alrededor del 5,5% total, significaría en promedio casi 12 puntos porcentuales menos de tasas, mientras que otros casi 8 puntos menos podrían esperarse si se mantiene la baja de volatilidad cambiaria actual”. Además, “reducir los encajes del 25% al 15% promedio sobre depósitos a plazo y duplicar la integración remunerada permitiría reducir más de 3 puntos porcentuales adicionales”.
El informe concluye que la persistencia de tasas activas elevadas se justifica por “el deterioro de la calidad de la cartera de financiamiento sin garantía a las familias, encajes todavía altos y, finalmente, factores de riesgo que aún pueden comprimir más”. La presión fiscal se convierte en otro eje central: “Los impuestos, sobre todo IVA e IIBB, elevan más de 43 puntos el costo financiero efectivo anual, partiendo de un 79% p.a. sin impuestos.”
De acuerdo con el análisis, “reducirlos, o mejor aún, eliminarlos sin incurrir en altos costos fiscales, permitiría catalizar la mejora en la mora de las familias, al reducir un tercio del costo financiero, facilitando una nueva expansión del crédito y del consumo interno.”
