Recientemente, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) enviaron una carta a los senadores nacionales expresando su preocupación por los potenciales riesgos jurídicos, económicos y productivos que la aprobación del proyecto, impulsado por la senadora por Chubut Edith Terenzi (Despierta Chubut), podría generar en diversas actividades como la agricultura, la ganadería, y la minería.
Firmada por Gustavo Idígoras, presidente de CAA, y Carla Bonito, titular de Copal, la misiva refleja inquietud por la posibilidad de que la iniciativa siga su curso legislativo o se retome con una redacción similar. En el comunicado dirigido a los miembros de la Cámara alta, las entidades manifiestan su “profunda preocupación del sector productivo, agroindustrial y alimenticio frente al avance parlamentario del dictamen de mayoría de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable”.
Las organizaciones reconocen la relevancia de proteger los recursos naturales, pero critican fuertemente la técnica legislativa utilizada en el proyecto. “Si bien compartimos el imperativo de preservar los recursos naturales en el marco del artículo 41 de la Constitución Nacional, el texto consolidado en el dictamen de la Orden del Día Nº 122/2026 adolece de graves defectos de técnica legislativa”, sostuvieron.
Aseguran que la propuesta podría poner en riesgo la seguridad jurídica indispensable para el funcionamiento de sectores clave de la economía argentina. En este sentido, advirtieron que “si se aprueba en sus términos actuales, la normativa constituirá una herramienta de coacción judicial susceptible de paralizar sectores estratégicos de la economía nacional”.
Uno de los mayores reparos giró en torno a la redacción del tipo penal que define el ecocidio, con el argumento de que la iniciativa infringe el principio de taxatividad penal al incluir conceptos excesivamente amplios.
En su carta, señalaron que la normativa podría permitir que la violación de “una simple resolución administrativa menor o una ordenanza municipal” devenga en un delito federal sancionado con prisión.
Asimismo, critican la inclusión de definiciones que consideran ambiguas. Para Copal y CAA, la iniciativa “cristaliza la imprecisión de conceptos normativos abiertos y difusos en el cuerpo de nuestra legislación penal”.
Otro tema atendido en la carta es el concepto de remediación ambiental. Las entidades advierten que el proyecto estipula que el daño ambiental irreversible se determinará sin tener en cuenta acciones de corrección posteriores, lo que implica que “aunque una empresa invierta recursos significativos en la restauración de un área afectada, la ley ignorará penalmente ese esfuerzo”.
Desde la perspectiva de CAA y Copal, esta cláusula podría desincentivar las inversiones en reparación de posibles daños ambientales. La iniciativa propone establecer un nuevo capítulo de “Delitos contra el ambiente” en el Código Penal, introduciendo la figura del ecocidio, con penas de tres a 10 años de prisión para quienes causen daños ambientales graves, y sanciones de cinco a 15 años en casos de daños irreversibles. También contempla penas de hasta 25 años de prisión si el acto resulta en la muerte de una persona, además de agravantes en situaciones con múltiples víctimas.
La inclusión del ecocidio culposo también ha despertado inquietud. La misiva destaca que la propuesta permitiría sanciones penales por “imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de deberes”, lo que podría someter a directivos y técnicos a procesos judiciales por contingencias operativas no intencionales. “Esta decisión legislativa resulta desproporcionada y rompe la racionalidad del sistema de imputación penal”, remarcaron.
El documento cuestiona también el esquema de sanciones para personas jurídicas, señalando que la posibilidad de imponer multas basadas en porcentajes del capital social de una empresa podría llevar a situaciones de grave crisis económica. En este contexto, alertaron que la aplicación de estas disposiciones “condenará a la quiebra técnica inmediata a cualquier corporación o pyme antes de que exista una sentencia firme”.
Las críticas se extienden a la figura de responsabilidad diferida incluida en el proyecto, observando que el agravante por fallecimientos podría aplicarse incluso si la muerte ocurre tiempo después de concluida la actividad supuestamente contaminante, creando “una contingencia indefinida de por vida para directivos y responsables técnicos”.
También se cuestionó la falta de distinción entre impacto ambiental y daño ambiental, ya que el proyecto no establece claramente esta separación, corriendo el riesgo de criminalizar actividades productivas que actualmente están autorizadas bajo la legislación vigente.
Las entidades hicieron hincapié en que “al no exigir un umbral cuantitativo preciso ni remitirse a estándares técnicos objetivos, el tipo penal absorbe conductas que hoy se encuentran debidamente autorizadas por la autoridad competente”.
Además, manifestaron su preocupación por el uso de conceptos considerados demasiado amplios, como “daño especialmente grave”, “deterioros severos”, “extensión espacial” o “duración temporal”, advirtiendo que la ausencia de parámetros técnicos concretos podría dar lugar a interpretaciones dispares y arbitrarias en distintos tribunales del país.
La carta dedica también un segmento al uso político y judicial del ecocidio, advirtiendo que determinadas organizaciones ambientalistas podrían aprovechar este concepto para cuestionar diversas actividades económicas.
“De sancionarse este dictamen, estas plataformas tendrían el camino legal para transformar sus relatos ideológicos en denuncias penales reales con poder de clausura preventiva, embargos y privación de libertad”, argumentaron.
Por todo lo expuesto, Copal y CAA solicitaron formalmente que la iniciativa no sea tratada en el recinto. Propusieron, en cambio, devolver el expediente a comisión para impulsar un debate técnico más amplio, exigiendo “un debate riguroso, interdisciplinario y con base científica que permita conciliar la protección ambiental con la seguridad jurídica y la continuidad de las actividades productivas”. A pesar de la confirmación de Bullrich respecto al retiro del apoyo por parte de LLA y su aseveración de que el proyecto no avanzará en su versión actual, las principales cadenas agroindustriales del país han decidido intensificar la presión para evitar que la iniciativa recupere impulso en el Congreso bajo una redacción similar.
