“Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa”, reconoció el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante su exposición ante Diputados por el presupuesto 2027. El funcionario admitió que el texto consensuado por La Libertad Avanza con la UCR, Pro y bloques provinciales no responde a la propuesta original del Poder Ejecutivo.
La intención inicial del Gobierno era restringir el acceso a las pensiones por discapacidad, restablecer el criterio de invalidez laboral y eliminar el nomenclador de prestaciones. De esa manera, los valores de servicios como terapias, transporte y acompañamiento quedarían sujetos a negociaciones entre prestadores, obras sociales y empresas de medicina prepaga. La iniciativa, que según el planteo original favorecería a grandes compañías de salud, encontró límites en el Congreso y en la Justicia.
Desde el año pasado, el oficialismo acumuló siete votaciones adversas en materia de discapacidad, incluida la revocación de un veto presidencial. Además, distintos fallos judiciales obligaron al Gobierno a aplicar la ley de emergencia. Las dificultades para imponer su postura profundizaron las diferencias entre el ala política, que busca una salida negociada, y el equipo económico, que continúa defendiendo una alternativa de menor impacto presupuestario.
Las conversaciones con los aliados están encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la diputada Laura Rodríguez Machado. El dictamen acordado contempla varios de los principales puntos reclamados por el sector: permite compatibilizar la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, establece el haber en el 70% de la jubilación mínima y mantiene vigente el nomenclador de prestaciones.
Sin embargo, todavía quedan diferencias importantes. El proyecto no especifica cómo se actualizarán los valores del nomenclador, mientras que los bloques aliados exigen garantías de ajustes mensuales de acuerdo con la inflación. El texto sí establece que los recursos destinados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
También quedó afuera un reclamo de Pro para establecer un cronograma de pagos de las compensaciones adeudadas a los prestadores. Esas deudas no fueron incorporadas a las actualizaciones tarifarias, una situación que continúa generando preocupación entre quienes brindan los servicios.
El proyecto podría experimentar nuevas modificaciones durante el debate en el recinto. Entre los cambios técnicos acordados figura la identificación de la fuente de financiamiento para cubrir los gastos previstos. También se resolvió eliminar el artículo 17, cuya redacción —“Derógase toda norma que se oponga a la presente”— había despertado sospechas entre los aliados por su alcance ambiguo.
La discusión fiscal constituye uno de los principales puntos de conflicto. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de la propuesta podría acercarse a los $600.000 millones en 2027, equivalente al 0,04% del PBI, y alcanzar los $1,2 billones en 2028, el 0,07% del producto, si se considera el padrón completo. Por otra parte, las compensaciones pendientes para los prestadores se estiman en $278.323 millones. El organismo aclara que ese monto corresponde a una obligación existente y no representa un gasto adicional generado por el proyecto.
El futuro de la iniciativa se definirá en medio de un escenario político todavía incierto. Dentro del bloque libertario reconocen que persisten las diferencias y no descartan la posibilidad de un nuevo veto presidencial. Esa alternativa supondría otro enfrentamiento con el Congreso para un oficialismo que ya sufrió varias derrotas legislativas en torno a la política de discapacidad.
El Gobierno había intentado imponer su postura mediante un proyecto presentado en el Senado en abril, que no llegó a debatirse. Más tarde, incorporó sus propuestas al presupuesto 2027, presentado el 15 de septiembre. Esa decisión provocó rechazo entre legisladores opositores, pero también entre representantes propios y aliados que buscaban una salida intermedia entre derogar la emergencia y mantenerla vigente.
Otra alternativa es continuar la negociación en el Senado, donde el bloque oficialista está encabezado por Patricia Bullrich. La senadora había expresado su malestar cuando el Ejecutivo presentó un presupuesto que contradecía las conversaciones políticas que estaban en marcha. “No me tomen de tonta”, había advertido entonces.
Bullrich conserva influencia sobre al menos 14 diputados que podrían resistirse a respaldar un nuevo veto de Javier Milei. Ese factor vuelve más compleja cualquier decisión del Ejecutivo, que necesita sostener el apoyo de sus aliados para evitar que el conflicto vuelva a escalar en el Congreso.
Las diferencias exponen los límites de la estrategia oficialista: mientras sus negociadores acordaron un texto para evitar otra derrota parlamentaria, todavía no está claro si el Gobierno está dispuesto a aceptar las condiciones pactadas. “Lo que quiere el Poder Ejecutivo es inviable”, sostuvo un legislador oficialista familiarizado con las negociaciones.
La reunión de la mesa política será clave para determinar si el Ejecutivo respalda el entendimiento alcanzado en Diputados o intenta introducir nuevas modificaciones. Por ahora, la negociación continúa abierta y el principal interrogante es si el oficialismo logrará compatibilizar sus objetivos fiscales con un acuerdo legislativo que permita sostener las prestaciones para las personas con discapacidad.
