De los permisos otorgados, solo uno tiene como destino el puerto de Mar del Plata, mientras que el resto corresponde a terminales de Chubut y Santa Cruz. La decisión generó cuestionamientos de funcionarios bonaerenses por el impacto que puede tener sobre la actividad pesquera y la generación de empleo en la provincia.
La pesca del calamar Illex argentinus representa una actividad relevante para la economía del sector. Según datos citados en el ámbito pesquero, las exportaciones vinculadas con esta especie pueden alcanzar los US$550 millones anuales. Además, la actividad genera puestos de trabajo directos e indirectos y moviliza servicios vinculados con la operación portuaria, la industria frigorífica y la logística.
Argentina captura más de 190.000 toneladas de calamar en el Mar Argentino. Durante el último año, el volumen de explotación de esta especie aumentó un 47%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Pesca. La actividad requiere marineros, capitanes y personal operativo para los buques poteros durante la temporada, además de trabajadores vinculados con el procesamiento y el traslado de la producción.
Desde la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof calificó la decisión nacional como “antojadiza” y sostuvo que perjudica las posibilidades productivas de la región. El conflicto se suma a otras diferencias entre ambas administraciones en materia de recursos, infraestructura y actividad económica.
El gobernador también cuestionó el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles y reclamó que sean utilizados para obras viales. A su vez, el Ministerio de Infraestructura bonaerense denunció dificultades para que la empresa estatal Aubasa pueda participar en contratos vinculados con planes de mantenimiento de obras.
La disputa política también incluye cuestionamientos del gobernador al aumento del endeudamiento de las familias para afrontar gastos de alimentos y servicios. Desde el Gobierno nacional, en tanto, se han cuestionado las políticas de la administración bonaerense y su nivel de gasto e impuestos.
El puerto de Mar del Plata registró en 2025 un movimiento de 99.451 embarques, un 40% superior al de Puerto Madryn y el doble que Puerto Deseado. En ese período, los desembarques alcanzaron las 208.000 toneladas de pescado, según datos de la Dirección de Asuntos Agrarios de la provincia.
La resolución quedó formalizada en el acta 21/2026 del Consejo Federal Pesquero y generó cuestionamientos dentro del Gobierno bonaerense. Entre las empresas beneficiadas se encuentra Glaciar Pesquera, que obtuvo una de las mayores puntuaciones y pertenece al Grupo Newsan. La compañía fue adquirida por ese grupo en junio de este año.
El empresario Rubén Cherñajovsky, propietario de Newsan, mantiene vínculos públicos con el Gobierno de Javier Milei. En septiembre de 2025, tanto Cherñajovsky como el Presidente participaron de una visita a la planta de la compañía en Ushuaia.
Los permisos fueron otorgados por períodos de entre siete y 24 años. En el caso de Glaciar Pesquera, la autorización se extiende hasta 2050. Ante este escenario, los representantes bonaerenses decidieron retirarse del CFP, organismo integrado por las provincias con litoral marítimo —Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego— y representantes del Poder Ejecutivo nacional.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó la distribución de los permisos y sostuvo que existe una “discriminación arbitraria” contra Buenos Aires y, particularmente, contra Mar del Plata. También señaló que varias de las propuestas aprobadas corresponden a empresas radicadas en la provincia, pero no contemplan al puerto bonaerense como destino de sus operaciones.
Rodríguez también planteó objeciones por la falta de proyectos que incluyan la construcción de buques en el país. Según la posición expresada por la Provincia, las cámaras del sector habían solicitado mayores plazos para desarrollar iniciativas vinculadas con la construcción naval y fortalecer el empleo y la industria nacional.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con los tiempos del proceso. Funcionarios bonaerenses señalaron que las propuestas fueron comunicadas apenas 24 horas antes de la reunión del CFP y que las decisiones se aprobaron en un plazo reducido, lo que, según plantearon, dificultó un análisis exhaustivo.
Entre los permisos otorgados también figuran tres empresas de capital español: Semaloma, vinculada al Grupo San Isidro/Lanzal, con una autorización por 24 años; Compañía Pesquera del Sur, vinculada a Conarpesa, por 21 años; y Pesquera Deseado, vinculada a Profand, también por 21 años.
De los 27 proyectos presentados ante la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, 21 fueron aceptados. Finalmente, los permisos quedaron en manos de los primeros 18 proyectos clasificados, de acuerdo con el acta del Consejo Federal Pesquero.
La distribución de las autorizaciones abrió así una nueva disputa entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense, esta vez por el control y el destino de una actividad con fuerte impacto económico en los puertos del país.
