La medida fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo y será realizada por especialistas de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional. El estudio había sido postergado previamente y avanzará pese a que Spagnuolo rechazó aportar una muestra de su voz para la comparación pericial.
El magistrado había desestimado ese planteo al considerar que el análisis podía concretarse mediante otros elementos incorporados al expediente. El objetivo del peritaje será determinar si las grabaciones son auténticas, si fueron editadas o modificadas y si existen indicios de manipulación mediante herramientas de inteligencia artificial.
El resultado del estudio podría convertirse en una prueba relevante dentro de la causa, aunque el expediente ya cuenta con otros elementos que permitieron avanzar con medidas judiciales. La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la ANDIS vinculadas con contrataciones y pagos durante la gestión de Spagnuolo.
Los audios que dieron origen a la investigación contienen conversaciones atribuidas al exfuncionario en las que se mencionan presuntos retornos y maniobras de corrupción relacionadas con funcionarios del Gobierno y empresas del sector farmacéutico.
En esas grabaciones se escuchan referencias a supuestos desvíos de fondos dentro del organismo, menciones a integrantes del Gobierno nacional y a una empresa vinculada a la distribución de medicamentos.
Los audios no fueron utilizados como elemento determinante para dictar el procesamiento de Spagnuolo, pero su defensa cuestionó su validez y solicitó que fueran declarados nulos al sostener que podrían haber sido manipulados. Finalmente, la Justicia resolvió avanzar con la pericia para establecer su autenticidad.
El análisis también deberá definir si las voces corresponden efectivamente a las personas mencionadas en las grabaciones y si el contenido presenta modificaciones que puedan alterar su interpretación.
Semanas atrás, el juez Lijo rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Spagnuolo contra la realización del estudio y permitió que continuara la medida de prueba. Ante la negativa del exfuncionario a entregar una muestra de voz, la fiscalía solicitó que la comparación se realice utilizando registros públicos disponibles.
