El proyecto iniciará esta semana su recorrido legislativo y el oficialismo buscará avanzar con su tratamiento en la Cámara de Diputados durante agosto, con el objetivo de lograr su aprobación antes de la presentación del Presupuesto 2027.
En paralelo, el Gobierno intentará retomar en el Senado el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que genera cuestionamientos por los cambios que plantea sobre las restricciones actuales para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
La administración nacional sostiene que la reforma del Banco Central permitirá reforzar la estabilidad monetaria. Un informe elaborado por un centro de estudios económicos señaló que la propuesta toma como referencia el modelo del Banco Central de Reserva del Perú, aunque incorpora mayores limitaciones al financiamiento del Tesoro, restricciones a la emisión monetaria y cambios en las herramientas de política económica.
El tratamiento del proyecto comenzará en Diputados, donde el oficialismo buscará acuerdos con bloques aliados para garantizar el avance de la iniciativa. La propuesta será analizada en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas.
El Gobierno también busca avanzar con el proyecto de Inocencia Fiscal II y sumar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada si consigue respaldo en el Senado. La intención oficial es sancionar ambas normas antes de iniciar las negociaciones por el Presupuesto 2027.
En la Cámara Alta, la discusión sobre la ley de tierras estará atravesada por diferencias entre distintos sectores políticos y por las posiciones de legisladores de varias provincias. El proyecto elimina restricciones vigentes sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, un punto que genera rechazo entre sectores opositores, sindicales y sociales.
La sesión prevista en el Senado estará acompañada por movilizaciones convocadas por organizaciones gremiales, sociales y ambientales bajo consignas vinculadas con la defensa de la tierra y el agua.
Mientras el Gobierno destaca a Perú como referencia por su estabilidad macroeconómica, otros países mantienen regulaciones para limitar la adquisición de tierras fronterizas por parte de extranjeros, con distintos niveles de restricción.
