El exapoderado fue condenado a dos años y ocho meses de prisión en suspenso por el desvío de más de $206 millones destinados a ese programa. Sin embargo, consideró que el fallo es un “absurdo” y afirmó que a lo largo del proceso no se logró acreditar la existencia de un delito. También puso en duda el funcionamiento del sistema judicial a partir del desarrollo de las audiencias.
En su defensa, Schoklender aseguró que durante el período en el que estuvo al frente de la Fundación se completaron todas las obras acordadas hasta su salida. Negó la existencia de sobreprecios, certificaciones falsas y facturas irregulares y sostuvo que los pagos se realizaban una vez terminados los trabajos. Además, rechazó que hubiera existido un faltante de dinero.
El exapoderado también apuntó contra Hebe de Bonafini y sostuvo que durante su conducción de Madres de Plaza de Mayo se utilizaron fondos de la Fundación para financiar actividades vinculadas con campañas políticas del kirchnerismo. Mencionó gastos en cartelería, sonido y otros elementos para actos y afirmó que esos recursos provenían de la única caja disponible de la organización.
Según el relato de Schoklender, esos fondos ya correspondían a la Fundación porque provenían de obras que habían sido terminadas. En ese contexto, atribuyó a Bonafini decisiones relacionadas con el destino del dinero y cuestionó el entorno político que la rodeaba.
También señaló a José López, Julio De Vido y Amado Boudou como responsables políticos del cierre de la Fundación. De acuerdo con su versión, los funcionarios habrían convencido a Bonafini de transferir la conducción de las obras al Movimiento Evita, encabezado por Emilio Pérsico. Schoklender sostuvo que ese cambio modificó las condiciones laborales de quienes participaban del programa: trabajadores que tenían salario y obra social pasaron, según afirmó, a recibir una beca dentro de una organización piquetera.
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la jueza Adriana Palliotti. Schoklender sostuvo que su principal objetivo durante el proceso fue impedir que la causa caducara, pese a que había comenzado en 2011 y transcurrieron casi quince años hasta la realización del juicio oral.
El Tribunal Oral Federal N° 5 rechazó los planteos de las defensas que buscaban cerrar el expediente por el paso del tiempo. Schoklender, por su parte, también cuestionó los resultados y la pericia oficial incorporada al proceso y ratificó su rechazo a la sentencia.
Los fundamentos del fallo serán conocidos en noviembre. A partir de entonces, las defensas podrán recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, llegar hasta la Corte Suprema.
