El diputado nacional Guillermo Michel cuestionó la posibilidad de revisar o eliminar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin analizar previamente sus consecuencias legales y económicas. El legislador sostuvo que la Argentina debe respetar los contratos celebrados por el Estado y cumplir los compromisos asumidos.
Michel afirmó que el país debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos con inversores privados y organismos internacionales, al considerar que la previsibilidad jurídica forma parte del orden económico. En ese sentido, también se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló que debe ser evaluado desde una perspectiva técnica y política.
El diputado entrerriano cuestionó las propuestas que plantean eliminar el RIGI sin contemplar las posibles consecuencias judiciales. Según explicó, el régimen establece beneficios para los proyectos adheridos, entre ellos una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, exenciones vinculadas al comercio exterior y condiciones específicas en materia cambiaria.
Además, advirtió sobre los mecanismos de arbitraje previstos para los proyectos alcanzados por el régimen y señaló que muchos inversores optaron por recurrir a instancias internacionales de resolución de controversias. En ese marco, planteó que una modificación unilateral podría derivar en nuevos reclamos contra el país.
Michel sostuvo que la situación actual presenta diferencias respecto de la crisis económica de comienzos de la década del 2000, cuando el Estado tomó decisiones que afectaron contratos vinculados a empresas privatizadas. Según explicó, actualmente existen proyectos de inversión de gran escala con estructuras jurídicas complejas y participación tanto estatal como privada.
El legislador remarcó que cualquier cambio sobre las normas vigentes debe considerar el marco legal generado por las decisiones tomadas por el Estado y afirmó que no resulta sencillo modificar esas condiciones sin evaluar sus efectos.
En ese sentido, señaló que la discusión sobre las reformas económicas impulsadas durante la gestión de Javier Milei requiere un análisis detallado y advirtió que medidas como una suba de impuestos o una modificación del régimen de inversiones pueden generar consecuencias jurídicas si no se contemplan los compromisos asumidos.
Las declaraciones de Michel reflejan una postura diferenciada dentro del peronismo frente a los sectores que plantean revisar algunas de las reformas aprobadas durante la actual administración, especialmente aquellas vinculadas al régimen de promoción de inversiones y a la protección jurídica para grandes proyectos.
