La iniciativa obtuvo dictamen, aunque Patricia Bullrich decidió postergar el tratamiento en el recinto hasta alcanzar un acuerdo sobre las modificaciones incorporadas al texto. El oficialismo considera que algunos de esos cambios generan inconvenientes y, al mismo tiempo, las empresas no integradas reclaman una participación mayor en el mercado.
El proyecto busca actualizar las reglas para el bioetanol y el biodiésel. En el caso del biodiésel, establece un corte obligatorio inicial del 7,5%, que pasaría al 10% un año después de la entrada en vigencia de la ley.
A partir de allí, el esquema de participación de las empresas no integradas se reduciría progresivamente: sería del 6,5% hasta fines de 2028, del 5,5% durante 2029, del 5% en 2030 y del 3% desde 2031.
El texto incorpora además una garantía de participación para el período posterior. Desde 2036, el 30% del volumen correspondiente al corte obligatorio quedaría reservado para las empresas no integradas. Con un corte del 10%, esa proporción equivaldría al 3% del mercado y se mantendría incluso si posteriormente se elevara el porcentaje obligatorio.
Ese punto, sin embargo, no conforma al sector pyme, que pretende que la participación del 3% funcione como un piso y no como el límite de su presencia en el mercado. El objetivo es contar con una participación más amplia y permanente que permita competir con las grandes empresas integradas.
Las diferencias también alcanzaron al bloque oficialista y a sus aliados. Los senadores puntanos Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta se opusieron a la liberalización del mercado de biodiésel para las compañías no integradas. Una posición similar adoptaron legisladores radicales de Santa Fe y La Pampa, lo que llevó a la Unión Cívica Radical a condicionar su respaldo hasta que se resuelva ese punto.
En paralelo, los senadores vinculados a las provincias productoras de bioetanol y a la actividad azucarera del norte valoraron los cambios incorporados al dictamen. Sin embargo, también plantearon que podrían retirar su respaldo si no se alcanza un acuerdo sobre el tratamiento para las pymes del biodiésel de la región central.
Las negociaciones incluyeron la participación de Alejandra María Vigo, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Carolina Moisés, quienes trabajaron sobre distintas alternativas para modificar el texto. Royón, además, había planteado la posibilidad de introducir cambios durante el tratamiento en el recinto.
Desde la Secretaría de Energía, Daniel González manifestó su desacuerdo con el dictamen en su redacción actual. La posición del Ejecutivo agrega otro obstáculo a las negociaciones, debido a que el oficialismo busca evitar nuevas modificaciones mientras los sectores aliados reclaman cambios adicionales.
Uno de los puntos que todavía se discute es precisamente el porcentaje de corte destinado a las pequeñas empresas. Las pymes plantearon elevar su participación y ampliar los cupos previstos en el proyecto.
Ante la falta de los votos necesarios para aprobar la iniciativa, la sesión prevista para esta semana fue postergada para la siguiente. Sin embargo, todavía no existe certeza sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo antes de esa nueva fecha.
El proyecto también contempla modificaciones para el bioetanol. El corte obligatorio comenzaría en 12% y subiría al 15% después de los primeros doce meses de vigencia de la norma.
Durante los 15 años previstos para la aplicación del régimen, se garantizaría una participación del 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado con maíz.
Los tres puntos adicionales necesarios para alcanzar el corte del 15% no quedarían asignados a una materia prima determinada. Podrían ser cubiertos con bioetanol elaborado a partir de cereales, caña de azúcar, biomasa forestal u otros insumos contemplados por la legislación.
El dictamen también establece un límite a la concentración en el mercado de bioetanol: ninguna empresa podrá representar más del 20% del volumen comercializado anualmente para cumplir con el corte obligatorio.
La discusión, por lo tanto, quedó trabada principalmente alrededor del biodiésel y de la participación futura de las empresas no integradas. El oficialismo deberá intentar compatibilizar las modificaciones impulsadas en el Senado con la posición del Ejecutivo y, al mismo tiempo, reunir los votos necesarios para llevar el proyecto al recinto.
