Esta mañana, diez senadores formalizaron un proyecto de resolución que convoca al funcionario a comparecer en una sesión especial del Senado “para ser interpelado en sesión especial a efectos del tratamiento de una moción de censura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional”.
Los senadores argumentaron que esta propuesta responde a “la gravedad institucional que revisten las graves inconsistencias patrimoniales y las irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA)”.
El proyecto también establece que la moción de censura se trate en la misma sesión en la que se realice la interpelación al funcionario.
Entre los firmantes se encuentran José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino, Martín Soria, Jorge Capitanich, Ana Marks, Juliana di Tullio, María Celeste Giménez Navarro, Eduardo De Pedro y Mariano Recalde.
Por otro lado, diputados de diversas fuerzas políticas han convocado a una sesión especial para el 23 de este mes, con el objetivo de debatir sobre la presentación de una moción de censura desde la Cámara baja.
El pedido de sesión está respaldado por representantes de Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) y miembros del interbloque Provincias Unidas, este último exhibiendo divisiones internas. Además, se han sumado socialistas, el radicalismo crítico representado por Martín Lousteau, jujeños alineados con el gobernador Carlos Sadir, y los cordobeses de Martín Llaryora, representados por Carlos Gutiérrez.
Sin embargo, no se encontró respaldo entre los miembros del bloque de la UCR, ni entre los santafecinos vinculados a Maximiliano Pullaro, ni Jorge Ávila de Chubut, ni Lourdes Arrieta de Mendoza. Asimismo, los diputados de Innovación Federal, que agrupan a legisladores cercanos a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), también decidieron mantenerse al margen.
A pesar de un fuerte comunicado de rechazo divulgado en redes sociales, no se ha sumado ningún dirigente de Pro a la iniciativa. La cuenta oficial de la organización calificó la conducta de Adorni como “una falta grave”, argumentando que “un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.
Sin embargo, diversos sectores de la oposición consideran que existen motivos suficientes para promover su destitución, aunque Pro, la UCR y los bloques provinciales sostienen que la investigación debería continuar en la Justicia y que la responsabilidad política última recae sobre Javier Milei.
Por el momento, una posible moción de censura parece carecer de los respaldos necesarios para avanzar, dado que se requiere la mayoría absoluta en ambas cámaras: al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Mientras los bloques cercanos al oficialismo no se unan a esta estrategia, esos números resultan inalcanzables.
