La OPC es responsable de analizar la ejecución presupuestaria nacional, verificar las cuentas públicas y elaborar informes técnicos que en ocasiones difieren de los proporcionados por el Ministerio de Economía. Desde el organismo han alertado que esta medida inhabilita su operatividad sin un plazo concreto para su resolución.
El conflicto surgió luego de que la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP) aprobara una serie de resoluciones el 2 de junio, en una reunión que marcó la primera actividad del cuerpo bicameral desde 2022. En esta ocasión, el senador Agustín Monteverde fue designado presidente de la CSP, mientras que el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, aliado cercano al presidente, impulsó las resoluciones coincidiendo con la constitución de la comisión.
Entre las resoluciones aprobadas, la Resolución 003-CSP-2026 ordenó la reformulación del Plan de Trabajo Anual 2026 de la OPC y estipuló que cualquier análisis técnico extraordinario o no planificado requeriría la aprobación previa de la comisión. Desde el oficialismo sostienen que esta decisión se tomó por errores en el informe del 2026.
Fuentes cercanas al organismo señalaron que “la propia OPC interpretó que, mientras no se apruebe el nuevo plan de trabajo, tampoco puede publicar los informes previstos en el documento rechazado”.
Por otro lado, desde la oposición, se criticó la falta de transparencia de la reunión y el respaldo recibido de la senadora Silvana Schneider y la diputada Daiana Fernández Molero. El único representante que se opuso fue el diputado Carlos Castagneto de Unión por la Patria.
La OPC fue establecida por la Ley 27.343 en 2016 como un organismo desconcentrado del Congreso, y su función principal es ofrecer soporte técnico independiente al Poder Legislativo en cuestiones fiscales y presupuestarias. Entre sus atribuciones se encuentra el análisis del proyecto de Ley de Presupuesto y la evaluación del impacto fiscal de proyectos de ley, entre otras.
Dicho organismo genera informes mensuales de ejecución presupuestaria y estudios sobre deuda que son consultados frecuentemente por economistas y legisladores, especialmente debido a que en varias ocasiones sus cifras no han coincidido con las que difunde el Ministerio de Economía.
Carlos Guberman, actual secretario de Hacienda del ministro de Economía, se desempeñó como director de Análisis Fiscal Tributario de la OPC hasta enero de 2024 antes de integrar el gobierno de Milei. La CSP es el único órgano con autoridad formal sobre la OPC, según la Ley 27.343, y tiene facultades para aprobar el reglamento interno, el plan de trabajo anual y el presupuesto del organismo.
La última memoria anual de la OPC aprobada formalmente por la CSP fue la de 2022, ya que las de 2023 y 2024 no fueron sometidas a consideración debido a la inactividad de la comisión. Esa paralización se disipó en la reunión del 2 de junio, donde se llevaron a cabo seis resoluciones el mismo día de la constitución de la CSP.
Estas resoluciones provocaron una auditoría de la OPC por auditores de ambas cámaras legislativas que abarcará toda la documentación desde 2023 en adelante, incluyendo una revisión de la estructura de personal y la actividad técnica del organismo.
Además, se ha exigido que la OPC vuelva a presentar su plan de trabajo anual y su memoria de balance antes de retomar su actividad normal, con un plazo perentorio de siete días que culmina esta semana. Uno de los puntos más polémicos es el artículo 4 de la Resolución 003-CSP-2026, que requiere que la OPC obtenga la aprobación de la comisión para cualquier análisis no contemplado en su plan anual. Anteriormente, la Oficina producía informes a solicitud sin autorización previa.
Cabe destacar que el informe de ejecución presupuestaria de mayo, uno de los documentos más esperados por economistas y operadores del mercado, aún no ha sido publicado, lo que refleja claramente la paralización operativa. Este mismo 2 de junio, un grupo de diez personas que se identificaron como pertenecientes a la Auditoría de la Cámara de Diputados ingresaron a las oficinas de la OPC para iniciar la revisión, un suceso que generó preocupación entre los empleados del organismo.
Desde el oficialismo, se defendió el proceso como una medida de transparencia y control sobre los recursos del organismo. Al día siguiente, el 3 de junio, Benegas Lynch emitió la Disposición PCSP N°001-2026, que establece que cada unidad de auditoría interna puede actuar de manera independiente y que no se pueden utilizar objeciones procedimentales para restringir el acceso de los auditores a la información del OPC.
Este acontecimiento se produce tras un recorte presupuestario de $55 millones que la OPC sufrió en mayo. Durante la reunión en que se constituyó la CSP, el diputado Castagneto cuestionó la falta de tratamiento de las resoluciones ajenas a la agenda, protestando por la falta de revisión del presupuesto. A pesar de sus objeciones, las resoluciones fueron aprobadas.
El diputado Germán Martínez, en otra ocasión, expresó que la intención del Gobierno es limitar la capacidad de evaluación del impacto tributario de inversiones vinculadas al proyecto de ley.
