Desde la Nación se evalúa la posibilidad de solicitar una revisión del fallo ante la misma Cámara, recurrir a la Corte Suprema de EE.UU. y pedir la suspensión de la ejecución mientras estos planteos son tramitados.
El litigio enfrenta al Estado argentino con Titan Consortium 1 LLC, entidad que adquirió los derechos económicos originados por el laudo instaurado por empresas del Grupo Marsans. La cifra reconocida por la Justicia de EE.UU. asciende a US$390.907.115 al 10 de diciembre de 2024, más intereses acumulados tras el fallo.
La Procuración del Tesoro se encarga de evaluar los pasos a seguir. En la estrategia legal que se está diseñando se contempla la posibilidad de solicitar que el mismo tribunal revise su decisión, así como la alternativa de que un grupo más amplio de jueces de la Cámara de Apelaciones revise la sentencia. También se considera la opción de presentar directamente el caso ante la Corte Suprema estadounidense. “Estamos analizando eso”, indicó un funcionario del Gobierno sobre las posibilidades disponibles.
La primera opción implica que el tribunal que emitió el fallo revise su propia decisión, mientras que la segunda sugiere que un mayor número de jueces evalúe el caso. Aunque estos recursos son excepcionales, forman parte de las herramientas que el país está considerando antes de decidir si lleva el caso a la máxima instancia judicial de EE.UU.
El Ejecutivo también está evaluando solicitar la suspensión de los efectos del fallo y de las medidas de ejecución mientras se resuelven estas solicitudes. Este paso tiene como objetivo frenar el proceso de cobro y evitar que Titan pueda llevar a cabo acciones sobre activos argentinos en EE.UU. “Todo. No descartamos nada”, afirman en los despachos oficiales.
El litigio se origina en un arbitraje iniciado en 2009 por Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. y Autobuses Urbanos del Sur S.A. contra la República Argentina ante el CIADI. Estas sociedades, del Grupo Marsans, reclamaron por la expropiación de sus participaciones en Aerolíneas y Austral, llevada a cabo por el Estado mediante la Ley 26.466 de 2008.
En 2017, un tribunal arbitral del CIADI condenó a Argentina a pagar aproximadamente US$321 millones, además de intereses y costas. El país solicitó la anulación del laudo, pero en 2019 un comité ad hoc del CIADI rechazó esa solicitud, manteniendo la condena firmemente.
Como los laudos del CIADI no se implementan automáticamente, Titan presentó en 2021 una petición de reconocimiento y ejecución ante la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia. En 2024, ese tribunal desestimó el argumento argentino sobre la aplicación de un plazo de prescripción de tres años y dictaminó que correspondía un plazo de doce años.
Argentina apeló en 2025, insistiendo en el plazo de tres años, pero recientemente la Corte de Apelaciones confirmó el criterio inicial, sosteniendo que el plazo aplicable es efectivamente de doce años, lo que respalda el laudo y el monto establecido en contra del Estado argentino.
Desde la oficina de Balcarce 50 se busca ganar tiempo y mitigar el impacto financiero y judicial del fallo. La prioridad es impedir que la confirmación de la Cámara deje al Estado en una posición más frágil frente a intentos de embargo o el reconocimiento de la sentencia en otras jurisdicciones de EE.UU.
El Gobierno aclara que este fallo no afecta a Aerolíneas Argentinas como empresa, sino al Estado nacional. La condena se deriva de la expropiación efectuada durante el kirchnerismo y forma parte de una serie de juicios internacionales que la administración actual considera como parte de la “herencia” recibida.
En este contexto, se defiende la postura argentina al afirmar que el caso refleja el “costo institucional de decisiones estatistas de las últimas décadas”. Documentos oficiales indican que el Gobierno recibió en diciembre de 2023 más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos.
La Casa Rosada también sigue de cerca las implicaciones del fallo en otros casos. Uno de los expedientes que podría reactivarse es el de Webuild, vinculado a un reclamo de la constructora italiana por el congelamiento de tarifas en el puente Rosario-Victoria. En la Nación consideran que la resolución sobre Aerolíneas puede acelerar las iniciativas de otros acreedores con laudos pendientes contra el país.
El Gobierno no descarta explorar vías de negociación con Titan, aunque evita presentar esta posibilidad como una alternativa viable. En Nación prefieren mantener todas las opciones sobre la mesa y recalcan que la prioridad es defender una posición robusta en el expediente. “Veremos. Queremos ganar siempre”, afirman desde el equipo de defensa argentina.
El enfoque más inmediato es decidir si Argentina requerirá una revisión en la Cámara de Apelaciones o establecerá un camino directo hacia la Corte Suprema. Cualquiera de las opciones puede incluir solicitudes de suspensión para retrasar la ejecución mientras se tramitan los recursos.
