Aunque las circunstancias siguen en desarrollo, fuentes cercanas a los denunciantes comunicaron la situación a un medio local. Esto condujo a que la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 9 de Florencio Varela se vea involucrada en esta investigación, debido a la filtración del aviso sobre el operativo de allanamiento que había sido programado.
A raíz de esta situación, los denunciantes solicitaron que la causa fuese tramitada por una UFI de turno en Quilmes, argumentando que la UFI 9 no era confiable para llevar adelante la investigación. En sus declaraciones, los reclusos también mencionaron que, en ocasiones anteriores, habían alertado a las autoridades carcelarias sobre situaciones similares sin que se tomaran las medidas adecuadas, lo que generó desconfianza en la operadores de la justicia involucrados en el caso.
Los presos denunciados forman parte de un grupo conocido como “La Comitiva”, así como otros denominados “Los Limpiezas y mantenimiento”, quienes son ex miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y que cumplen condena en el Pabellón 1 de esa unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
De acuerdo a una denuncia reciente, que pone en serias dudas la integridad del sistema de justicia, se explicó que el 25 de agosto de 2026, hacia las 9:30, miembros de “La Comitiva” informaron en voz alta a los demás reclusos que podría suceder un allanamiento inminente. Durante esa mañana, los denunciantes observaron lo que consideraron actividades sospechosas por parte de empleados del Servicio Penitenciario dentro del pabellón, quienes se comunicaban de forma discreta, susurrando con integrantes de “La Comitiva”. A las 12:00, estos miembros hicieron un nuevo anuncio en voz alta, instando a los otros internos a que comenzaran a ocultar las drogas, indicándoles que debían llevarlas al jefe del Pabellón 3 para que las “encanutara”.
Asimismo, señalaron que otro grupo estaba encargado de retirar las antenas y los módems desde el pabellón. Este cúmulo de acontecimientos revela un panorama extremadamente alarmante: horas antes de un allanamiento que debería ser sorpresa, se recibió información sobre este operativo, permitiéndoles preparar el terreno para la ocultación de las evidencias a ser halladas.
Aproximadamente a las 12:31, se envió un correo electrónico al destinatario controlinterno@mpba.gov.ar, detallando lo sucedido y notificando a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, el allanamiento se realizó alrededor de las 18:34 de ese mismo día, tiempo más que suficiente para que los denunciados ocultaran o deshicieran de las evidencias presentes en el lugar. Los acusados de “La Comitiva” se jactaban abiertamente de contar con la protección de autoridades dentro del penal, afirmando que nadie podría sacarlos del pabellón.
Esta situación involucra a cinco altos funcionarios del penal, quienes han sido denunciados explícitamente por los reclusos. En la presentación previa, también se puso al descubierto un esquema de corrupción carcelaria que favorecería a estos internos, lo que ha incrementado el grado de relevancia de las acusaciones.
En la denuncia anterior se había planteado la existencia de un grupo activo en la comercialización de drogas dentro de la prisión, que utilizaría violencia e intimidación contra otros detenidos para mantener su poder. Lo más inquietante es la posible filtración de información sobre procedimientos judiciales antes de su ejecución, dado que, de confirmarse, podría haber frustrado la recolección de pruebas relevantes y posibilitar que los responsables eliminaran o ocultaran elementos clave en las investigaciones.
Entre los puntos más destacados y alarmantes que se reportaron en el incidente del martes pasado, los denunciantes hicieron mención de lo siguiente: – Un allanamiento armado: el rumor sobre la llegada de las autoridades había sido conocido dentro de toda la cárcel, lo cual hizo que se deshicieran de las pruebas. – Un procedimiento hecho de forma inversa: en primer lugar, se debería haber realizado el allanamiento y, posteriormente, citar a los testigos o damnificados. – La posible complicidad existente entre las autoridades denunciadas y algunos miembros de la UFI 9 de Florencio Varela: hasta el punto de que existirían comunicaciones que facilitarían filtraciones de información de la fiscalía al jefe del penal. Se sugiere que esta fiscalía avisa de antemano sobre los allanamientos, lo que permitiría que las autoridades carcelarias eviten repercusiones negativas. – La existencia de los delincuentes sigue manifestándose en el manejo del pabellón, debido a las órdenes dictadas por las autoridades.
Debido a esta alarmante situación, los denunciantes han decidido solicitar nuevamente que se designe a otra UFI para que se encargue de la investigación, en particular, algún organismo que dependa directamente de Quilmes.
