El planteo fue realizado antes del inicio de la sesión del Senado prevista para este jueves, en la que se tratará la iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Según explicó el mandatario salteño, el objetivo es que los subsidios estén dirigidos a las familias que realmente los necesitan.
La propuesta modifica el actual sistema de subsidios al gas. En las zonas que fueron incorporadas al régimen mediante la ampliación aprobada en 2021, el beneficio automático sería eliminado y se establecería un descuento del 30% únicamente para los usuarios que puedan acreditar vulnerabilidad económica.
El cambio también alcanzaría a las regiones que actualmente cuentan con el beneficio automático del 50%. En esos casos, el subsidio dejaría de aplicarse sobre el total de la factura y pasaría a calcularse únicamente sobre el componente correspondiente al consumo de gas.
De acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Energía, actualmente unos 3,4 millones de usuarios reciben algún beneficio dentro del régimen. Con la modificación propuesta, alrededor de 1,6 millones dejarían de contar con el subsidio vigente.
La discusión genera posiciones enfrentadas entre los bloques del Senado. Aunque el oficialismo sostiene que dispone de los votos necesarios para aprobar la iniciativa, algunos sectores aliados anticiparon su rechazo. Entre ellos se encuentran integrantes del PRO y la UCR.
También existen cuestionamientos de gobernadores de otras provincias, entre ellos el de Santa Cruz y la senadora cordobesa Alejandra Vigo. Frente a este escenario, el oficialismo busca reunir el respaldo de los representantes del norte, donde existe interés en incorporar un esquema de asistencia para los usuarios de esas regiones.
El proyecto modifica el esquema ampliado en 2021 y vuelve a establecer un alcance más limitado para el beneficio automático. La iniciativa mantiene a la Patagonia, la Puna y la ciudad mendocina de Malargüe dentro de las zonas con acceso al subsidio, aunque con una modalidad diferente para calcularlo.
La definición quedará en manos del Senado, en una sesión cuya realización también estuvo atravesada por dudas vinculadas a la posibilidad de reunir el respaldo necesario para avanzar con el tratamiento del proyecto.









