La investigación, liderada por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, reveló que el perjuicio económico superó los $142 millones.
Natalia Lorena Castillo, anterior titular de la delegación Pocito de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de San Juan, recibió una condena de 4 años y 8 meses de prisión, además de una multa e inhabilitación especial por 4 años, por su implicación en la organización. La red delictiva habría estado activa desde el 27 de agosto de 2024 hasta mediados de 2025.
Castillo también fue sentenciada por la tenencia ilegítima de documentación, un delito bajo el artículo 33 inciso c de la Ley 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional, tras la incautación de 197 documentos nacionales de identidad auténticos en su hogar durante un allanamiento.
En relación a su participación en 23 casos de tramitación irregular de DNI y la tenencia ilegal de documentación oficial, también fue condenada por violación de los deberes de funcionaria pública, según lo destacaron fuentes fiscales.
Rolando Javier Navarro Saide, identificado como el líder de la organización, recibió una pena de 5 años y 4 meses de prisión. Por su parte, Rodrigo Javier Navarro Pozo, Matías Martín Martínez Villalba y Marcelo Omar Cardozo fueron condenados a 3 años y 10 meses de cárcel como integrantes de la asociación.
Todos los condenados fueron hallados culpables de pertenecer a una asociación ilícita compuesta por más de tres personas, concurriendo real y simultáneamente con 36 hechos de uso de documentos adulterados destinados a acreditar identidad, así como en concurso ideal con estafas. Asimismo, enfrentan once hechos de inserción de declaraciones falsas en instrumentos públicos para acreditar identidad, en grado de tentativa, y un hecho consumado de estas características.
La pesquisa se originó a raíz de una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por un ciudadano de la provincia de Buenos Aires, quien advirtió que se había utilizado un DNI con su fotografía y huellas dactilares para solicitar préstamos y realizar operaciones comerciales en su nombre. Las primeras acciones de investigación permitieron establecer vínculos entre las maniobras realizadas y la sede de Pocito del Registro Civil, así como la posible participación del personal de la misma en la emisión irregular de documentos oficiales.
La investigación demostró cómo operaba la red: inicialmente se identificaban posibles víctimas, luego se reclutaban personas que proporcionaban sus datos biométricos para crear DNI falsos, y se gestionaba el traspaso y seguimiento de los nuevos documentos. Con esos DNI fraudulentos, se solicitaban créditos y se compraban bienes, que posteriormente se vendían en el mercado informal.
