A diferencia de lo que puede sugerir su denominación, no se trata de un organismo con oficinas, empleados o un ministerio propio. La jurisdicción funciona bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda y constituye una reserva de recursos que puede ser utilizada durante la ejecución presupuestaria para atender necesidades de distintas áreas del Estado.
El proyecto fue presentado el 15 de septiembre, fecha límite establecida para su envío al Congreso, e incluye las proyecciones de ingresos, gastos y principales variables macroeconómicas para 2027. Dentro de esa estructura, los $14,8 billones asignados a Obligaciones a cargo del Tesoro adquieren particular relevancia porque el monto previsto crece muy por encima de la inflación proyectada para el año próximo, estimada en 18%.
Una parte cercana a la mitad de esos recursos tiene como destino la cobertura de déficits y transferencias vinculadas con empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo. Aunque esas entidades se encuentran relacionadas con diferentes áreas de la administración pública, los créditos destinados a asistirlas pueden permanecer dentro de la jurisdicción 91 y no necesariamente en los ministerios o secretarías con los que tienen relación sectorial.
De esta manera, Hacienda conserva bajo su órbita los recursos que posteriormente pueden ser destinados a esas empresas o utilizados para reforzar programas y partidas que necesiten financiamiento adicional durante el año.
El mecanismo no fue creado específicamente para el actual Gobierno. La jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro existe desde la década de 1990 y fue utilizada para que Hacienda pudiera administrar directamente determinados gastos que el Estado debía afrontar. Su funcionamiento permite mantener en reserva créditos destinados a obligaciones específicas y evitar que esos recursos queden sujetos desde el comienzo del ejercicio a las decisiones internas de cada ministerio.
Una de las situaciones que permite explicar esta lógica es la asistencia que el Estado debe garantizar a determinados organismos o programas. Si los fondos quedaran inicialmente dentro del presupuesto de un ministerio, podrían ser redistribuidos durante el año dentro de esa misma cartera en función de otras necesidades. Al mantenerlos en Hacienda, el Gobierno conserva bajo su control el crédito destinado a una obligación que igualmente deberá ser atendida.
La otra parte de los $14,8 billones corresponde, aproximadamente, a $7,6 billones incluidos bajo el programa denominado “Otras Asistencias Financieras”. Dentro de esa categoría aparecen unos $1,5 billones registrados como gastos en personal y cerca de $6 billones como transferencias al sector privado, pese a que la jurisdicción no cuenta con una planta propia de empleados.
La inclusión de recursos para personal responde a la posibilidad de reforzar posteriormente esa partida en otros organismos. Los salarios de la administración pública constituyen gastos que deben ser cubiertos y, cuando una jurisdicción no dispone de crédito suficiente para afrontarlos, Hacienda puede utilizar recursos de esta reserva para atender el faltante.
En términos presupuestarios, la jurisdicción 91 funciona así como una especie de fondo de reserva. Los recursos pueden comenzar el año concentrados allí y posteriormente ser trasladados hacia ministerios, secretarías, organismos o programas que necesiten mayores créditos. Esas modificaciones se producen durante la ejecución del presupuesto y permiten redistribuir fondos sin recurrir necesariamente a una nueva ley o a una resolución de la Jefatura de Gabinete.
La evolución de los números de 2026 permite observar esa dinámica. El proyecto estima que Obligaciones a cargo del Tesoro gastará $5,6 billones durante este año. Sin embargo, el presupuesto original había establecido para esa jurisdicción un crédito de $12,4 billones, que posteriormente fue reducido a $8,4 billones. La diferencia muestra parte de los recursos que fueron utilizados para reforzar partidas de otras áreas durante la ejecución presupuestaria.
Por ese motivo, el monto que aparece inicialmente asignado a la jurisdicción no necesariamente coincide con el que conserva al finalizar el ejercicio. Los créditos pueden comenzar concentrados en Hacienda y luego ser distribuidos entre distintas áreas a medida que aparecen necesidades presupuestarias.
Durante el tratamiento del Presupuesto 2027, el Congreso también podría modificar la forma en que están distribuidos los $7,6 billones de “Otras Asistencias Financieras”. Los legisladores podrían asignar esos recursos directamente a programas presupuestarios específicos, de modo que los fondos aparezcan desde el inicio en las jurisdicciones que finalmente los utilizarían.
Esta alternativa tuvo escasos antecedentes, aunque fue planteada durante el debate de una ley de emergencia en discapacidad como una posibilidad para obtener financiamiento sin modificar el resultado fiscal previsto.
Una eventual redistribución de esos créditos entre programas no modificaría, por sí misma, el resultado fiscal proyectado para 2027, ya que los recursos y los gastos ya forman parte del cálculo general del presupuesto. El cambio estaría en quién determina el destino de esos fondos y en qué momento quedan asignados a cada programa.
También existe otra posibilidad: retirar los $7,6 billones de la jurisdicción 91 sin trasladarlos a otras partidas. En ese caso, el gasto total previsto para 2027 se reduciría por el monto de los créditos que dejarían de estar asignados. Según el cálculo presentado en el análisis, esa modificación llevaría el superávit primario proyectado del 1,3% al 1,8% del PBI y triplicaría el resultado financiero estimado para el próximo año.
