La Sala I de la Cámara Federal porteña había confirmado el 7 de septiembre el sobreseimiento dictado a favor de Caputo. Sin embargo, la fiscal Eugenia Anzorreguy de Silva apeló la decisión y ahora los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola declararon admisible el recurso para que sea analizado por Casación. El juez Mariano Llorens votó en disidencia y consideró que los argumentos de la Fiscalía eran insuficientes para habilitar esa instancia.
El expediente se inició en 2017 a partir de una denuncia vinculada con los vínculos societarios de Caputo, que habían quedado expuestos en los llamados Paradise Papers. La investigación se centró, entre otros aspectos, en la presunta omisión de declarar en sus declaraciones juradas su participación en Princess International Group Ltd., una sociedad radicada en Islas Caimán que controlaba el conglomerado financiero Noctua Partners.
Durante el período investigado, Caputo se desempeñaba como funcionario del área de Finanzas y, según la acusación, sociedades vinculadas con Noctua adquirieron bonos del Estado argentino. La causa también analizó la emisión de títulos de deuda y la posibilidad de que hubiera existido un conflicto entre sus funciones como funcionario público y sus intereses privados.
El fiscal federal Carlos Rívolo había solicitado que Caputo fuera citado a declaración indagatoria por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y uso de información privilegiada. El planteo fue rechazado por el juez federal Julián Ercolini, quien posteriormente dictó el sobreseimiento al considerar que no se había acreditado la existencia de un delito.
La Cámara Federal sostuvo al confirmar esa decisión que no se había probado la “malicia” necesaria para sancionar penalmente una omisión en las declaraciones juradas ni una confusión entre intereses públicos y privados en la colocación de los bonos. También señaló que la Fiscalía no había logrado demostrar cuál habría sido el beneficio concreto obtenido por Noctua Partners a partir de la operación.
La investigación había analizado además una operación por la cual Princess International Group adquirió bonos del Estado por US$494.702,56 y pagos por US$18.944 vinculados con Noctua durante el período investigado. La Fiscalía sostuvo que la omisión de esos vínculos en las declaraciones juradas impedía evaluar posibles incompatibilidades y un eventual uso de información privilegiada.
Ahora, la discusión llegará a la Cámara Federal de Casación Penal. Bertuzzi y Yadarola consideraron que la apelación de la fiscal cumplía con los requisitos legales para acceder a esa instancia y que cuestionaba una sentencia definitiva. Llorens, en cambio, sostuvo que el recurso reiteraba argumentos ya planteados y que no alcanzaba para justificar la intervención de Casación.
