A través del decreto 611, publicado en el Boletín Oficial, se formaliza la continuidad de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria que opera dentro del Ministerio de Economía y se amplían sus funciones.
Además de encargarse de la reestructuración de las empresas estatales y de facilitar su privatización mediante concesiones o ventas de acciones, la Agencia asumirá la representación societaria del Estado en las 58 compañías en las que posee participación. Asimismo, tendrá la responsabilidad de verificar la idoneidad de los funcionarios designados para este propósito.
El decreto también confirma a Diego Chaher como el responsable del área, con el rango de secretario, y modifica la estructura de su equipo de trabajo.
En los considerandos del decreto, se señala que la agencia no ha logrado cumplir completamente con las metas establecidas en un plazo de dos años, lo que ha llevado a la decisión de prolongar su funcionamiento hasta el 19 de julio de 2028 o “hasta que se cumplan sus objetivos, lo que ocurra primero”. Esta extensión se considera necesaria para asegurar la continuidad del proceso de transformación del Sector Público Nacional.
La prolongación de dos años de la unidad ejecutora especial, creada en 2024 para gestionar la reestructuración de entidades y sociedades estatales, se enmarca en el intento gubernamental por acelerar la transferencia de varias empresas al sector privado.
Dentro de ese contexto, la administración prevé generar alrededor de 2300 millones de dólares en privatizaciones entre el resto del año y 2027, tal como anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar el plan financiero para 2026.
Entre las empresas estatales que se proyecta entregar a manos privadas durante el primer mandato de Javier Milei se encuentra Aysa, cuya licitación ya está abierta y se espera que las ofertas se abran a finales de agosto. También se evalúa la venta del ferrocarril Belgrano Cargas, cuya documentación está bajo revisión y se prevé que se publique en las próximas semanas.
Además, se planea la transferencia a empresas privadas de dos centrales termoeléctricas: San Martín, ubicada en Timbúes, Santa Fe, y Manuel Belgrano, en Campana, Buenos Aires, como parte del proceso de privatización integral de Enarsa. En este marco, la Subsecretaría de Energía Eléctrica ha avanzado con los cambios de titularidad de ambas centrales, según se comunicó en el Boletín Oficial del viernes. Este es un paso previo para iniciar el proceso de venta de las acciones, informaron fuentes del sector.
Asimismo, se dará inicio a una nueva etapa de privatizaciones en las centrales hidroeléctricas del país, que comprenden siete complejos situados en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas fue establecida mediante el decreto 644 en julio de 2024, con un periodo inicial de dos años que ahora se ha prorrogado por el mismo tiempo o “hasta que se cumplan los objetivos, según lo que ocurra primero”.
Además de esta prolongación, el decreto incorpora dos nuevos objetivos estratégicos: ejercer la representación societaria del Estado Nacional en las empresas que se le asignen y realizar la verificación de la idoneidad de los postulantes propuestos para ocupar cargos en los directorios de empresas públicas y donde posea acciones, antes de su designación.
Finalmente, el decreto 611 implementa cambios en la estructura de liderazgo del organismo. Mientras Diego Chaher sigue al frente de la agencia, Luciano Masnú Lardet ha dejado de ser director ejecutivo de procesos y privatizaciones para asumir el cargo de subtitular de la agencia, con rango de subsecretario. Cristian García ha sido designado como nuevo director ejecutivo de Procesos y Privatizaciones, en carácter ad-honorem. Asimismo, se prorrogó la designación de Magdalena González Moreno, Belén Moretti, Milagros Agustina González y Patricio Ezequiel Jaccoud Girart en sus respectivas posiciones directivas.
