La modalidad quedó definida durante una audiencia preliminar destinada a organizar el proceso. El expediente tiene más de 40 imputados y contempla la declaración de entre 200 y 300 testigos, por lo que el tribunal estableció un esquema de tres jornadas semanales.
El juicio estará a cargo de los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni. La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas vinculadas con las sociedades Hotesur y Los Sauces, pertenecientes a la familia Kirchner.
El debate buscará determinar si las operaciones comerciales realizadas entre esas sociedades y empresas relacionadas con Lázaro Báez y con el Grupo Indalo, de Cristóbal López, fueron utilizadas para canalizar dinero de origen ilícito.
Entre los principales acusados se encuentran Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Víctor Manzanares, además de empresarios, exdirectivos, profesionales y otras personas vinculadas con las sociedades investigadas.
Florencia Kirchner no formará parte del juicio. En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal mantuvo su sobreseimiento al considerar que era menor de edad cuando comenzaron los hechos cuestionados en la investigación.
La organización del debate se produjo después de distintas demoras relacionadas con una pericia contable considerada central para avanzar hacia el juicio oral. El TOF 5 había apartado a uno de los peritos que intervenían en el estudio ante la falta de respuestas a reiteradas intimaciones y posteriormente designó especialistas de la Corte Suprema para completar el análisis.
El peritaje fue solicitado por las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez y contempla, entre otros puntos, las operaciones de la inmobiliaria Los Sauces y los contratos celebrados con las sociedades bajo investigación.
El análisis deberá comparar los contratos utilizados para la explotación de propiedades de la familia Kirchner y determinar si los valores acordados guardaban relación con las condiciones del mercado. También se revisarán aspectos como la cantidad y utilización de habitaciones, las tarifas, los servicios facturados, el personal, las temporadas y los principales clientes.
La pericia abarcará además los balances correspondientes al período 2009-2013, con el objetivo de analizar la evolución de las ganancias y disponibilidades de las empresas y establecer si los resultados declarados eran compatibles con la actividad económica registrada.
La acusación sostiene que compañías relacionadas con Báez y López realizaron pagos a las sociedades hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner y que esas operaciones habrían sido utilizadas para incorporar al circuito formal fondos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, entre 2009 y 2013 Báez habría pagado más de $27 millones a través de Valle Mitre por la explotación de hoteles, entre ellos el Alto Calafate. A esa suma se agregan otros $11 millones provenientes de empresas del Grupo Austral, en operaciones que involucraron habitaciones que, según la acusación, no habrían sido utilizadas.
El expediente también contempla una acusación por dádivas, vinculada con las relaciones comerciales entre Cristina Kirchner durante el ejercicio de funciones públicas y contratistas del Estado.
La causa Hotesur-Los Sauces mantiene además una relación con el expediente Vialidad, por el que Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados. En este caso se investiga específicamente la relación comercial y financiera entre las empresas de la familia Kirchner y sociedades vinculadas con empresarios que habían obtenido contratos con el Estado.
Entre la documentación incorporada al expediente figuran pedidos de información bancaria sobre movimientos de dinero, registros de empresas transportadoras de caudales y datos vinculados con consumos, pagos de servicios e impuestos correspondientes a los hoteles ubicados en El Calafate.
