Llaryora mantuvo en su puesto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien es también candidato a intendente. Por su parte, Passerini tomó medidas que incluyeron la reasignación de un funcionario en el Concejo Deliberante, buscando distanciarse de Ricardo Moreno, quien admitió haber permitido la inclusión de Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio, en la Municipalidad.
En el ámbito provincial, Llaryora se reunió con los abuelos maternos de Agostina, un gesto apreciado en medio de la crisis. Al mismo tiempo, decidió posponer la jura del fiscal Iván Rodríguez como Procurador Penitenciario, un cargo creado el año pasado para promover a funcionarios judiciales alineados con el oficialismo. Rodríguez había dejado libre a Barrelier hace un año tras una denuncia por privación ilegítima de la libertad.
El fiscal general, Carlos Lezcano, reafirmó la continuidad del fiscal Raúl Garzón, quien ha enfrentado críticas por su manejo del caso. Consideró que el caso de Agostina no debía ser trasladado a su jurisdicción habitual, que es la de Violencia de Género. En reacción a las críticas sobre la falta de enfoque de género en la investigación, Garzón recibió el apoyo de la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Claudia Romero, y del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Fernando Ávila Echenique, aunque no está obligado a hacer consultas o compartir decisiones con ellos.
Quinteros se mantuvo en su puesto y en diversas entrevistas expresó haber buscado a Agostina “desde el primer día”, asegurando que actuó conforme a los lineamientos judiciales. Su perfil mediático, sin embargo, ha sido objeto de controversia, especialmente al haber estado involucrado en la cobertura de un megaconcierto justo cuando se intensificaba la búsqueda de la menor.
El senador Luis Juez, un crítico recurrente del oficialismo, ha observado la situación y sugiere que la crisis podría tener efecto en las aspiraciones políticas de Llaryora, quien ha incorporado no peronistas a su gabinete con perfiles “cordobesistas”. La revelación de un audio del abogado Moreno, donde admitía haber solicitado un puesto para Barrelier, ha encendido el debate sobre posibles influencias políticas en el caso y el uso indebido de su cargo.
La situación se torna más tensa a medida que la oposición convoca sesiones para tratar la destitución de Moreno, quien ha regresado a su rol de concejal suplente. La posibilidad de que algunos concejales oficialistas se unan a la oposición complicaría aún más la situación del gobierno.
Moreno defendió a Barrelier en su primera causa penal, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su actuación, así como a especulaciones sobre la manera en que se otorgaron las libertades provisionales. La decisión de Llaryora, antes de ser gobernador, de modificar el sistema de ingreso a la administración pública, facilitando la llegada de leales a su partido, también ha sido puesta en tela de juicio. En respuesta a la crisis, Passerini anunció su intención de imponer un control más riguroso de antecedentes a todos los trabajadores municipales, así como exigir la renuncia de los funcionarios del área de Tránsito donde trabajaba Barrelier.
Las demandas de renuncia, los pedidos de un jury, y la desconfianza hacia los abogados de los querellantes han exacerbado la tensión. La familia de Agostina ha expresado su apoyo a la fiscalía, pero cada declaración provoca un tsunami de reacciones públicas. La indignación y el profundo dolor que generan estos crímenes en la sociedad se han multiplicado por la percepción de fallas institucionales y favoritismos en las designaciones públicas. En medio de esta crisis, el poder del peronismo cordobés, que lleva 27 años en el poder, se encuentra bajo la mirada crítica de una población que exige respuestas contundentes y efectivas.
