El financiamiento se volvió una herramienta habitual para una parte importante de los hogares. Casi seis de cada diez personas consultadas afirmó haber pedido un préstamo, utilizado crédito o financiado algún gasto recientemente. La utilización es más frecuente entre las mujeres y en los sectores de menores ingresos.
Pero el destino del dinero muestra un cambio respecto del uso tradicional del crédito. Entre quienes recurrieron a algún tipo de financiamiento, el 26% lo utilizó para comprar alimentos, el 21% para afrontar gastos cotidianos del hogar, el 15% para pagar servicios, impuestos u otras obligaciones y el 14% para cancelar deudas anteriores.
De esta manera, para una parte de las familias el crédito dejó de funcionar únicamente como una alternativa para adquirir bienes en cuotas y pasó a utilizarse para cubrir gastos básicos y llegar a fin de mes.
El mayor uso del financiamiento también aparece acompañado por un nivel elevado de atrasos. Entre quienes reconocieron haber dejado pagos pendientes, el 46% señaló que las dificultades alcanzaron a los servicios, mientras que el 36% mencionó las tarjetas de crédito y el 33% los préstamos u otras deudas.
La situación presenta fuertes diferencias según el nivel de ingresos. Los atrasos alcanzan al 72% de las personas pertenecientes a los sectores de menores recursos, frente al 43% registrado entre los segmentos medios y al 30% entre quienes tienen mayores ingresos.
Las perspectivas para quienes ya tienen compromisos pendientes tampoco son homogéneas. Solo el 36% de las personas endeudadas considera que podrá cancelar sus obligaciones, mientras que el 37% cree que no podrá hacerlo y el 26% todavía no sabe si estará en condiciones de cumplir.
En paralelo, los datos del sistema financiero muestran que la irregularidad del crédito a los hogares llegó al 12,9% en julio, con una incidencia particularmente marcada en los préstamos personales y las tarjetas de crédito. Sin embargo, ese indicador no debe confundirse con el resultado de la encuesta: el 54% que declaró haber tenido atrasos incluye servicios y otras obligaciones que exceden al sistema bancario.
Las diferencias también aparecen cuando se analiza la edad. Mientras los registros de las entidades financieras muestran una mayor presencia de deudores morosos entre los jóvenes, el relevamiento detectó una mayor proporción de atrasos generales entre las personas de 45 a 60 años. Entre los mayores de 60, además, se observa un mayor pesimismo respecto de la posibilidad de cancelar las deudas.
Los créditos hipotecarios presentan un nivel de irregularidad inferior al de otras modalidades de financiamiento. La diferencia está vinculada con las mayores garantías, requisitos de ingresos y criterios de selección que suelen aplicarse para acceder a este tipo de préstamos. De todos modos, ese comportamiento no puede extrapolarse al conjunto del endeudamiento de los hogares.
Otro aspecto relevante es la distribución de los montos adeudados. La mitad de las personas morosas debe menos de $1,1 millón, aunque ese grupo representa apenas el 5% del total de la deuda en situación irregular. En el extremo opuesto, el 9,5% de los morosos concentra el 58% del monto total, con obligaciones superiores a cinco salarios y una deuda promedio cercana a $18 millones.
Esta diferencia plantea desafíos distintos a la hora de pensar soluciones. Las deudas de menor monto podrían resolverse mediante mecanismos simples y con bajos costos administrativos, mientras que los compromisos más elevados requieren un análisis individual de la situación de cada deudor.
En ese análisis no alcanza con observar el monto adeudado. La capacidad real de pago también depende de los ingresos, el patrimonio, las obligaciones simultáneas y las necesidades particulares de cada hogar.
El endeudamiento también comenzó a ser abordado en el Congreso, donde se analizan distintas alternativas. Actualmente existen tres dictámenes con propuestas diferentes: una iniciativa de mayoría pone el foco en la transparencia y la prevención del sobreendeudamiento; otra plantea mecanismos de regularización obligatoria y límites; y una tercera incorpora herramientas de refinanciación con respaldo estatal e insolvencia personal.
El escenario plantea una diferencia entre acceder al crédito y estar en condiciones de devolverlo. La expansión del financiamiento puede ampliar las alternativas disponibles para los hogares, pero también puede alcanzar a personas cuyos ingresos son más inestables.
Por eso, una eventual solución no dependería únicamente de modificar las condiciones de las deudas. Una reducción de las cuotas puede aliviar el presupuesto de un hogar que atraviesa un desfasaje temporal entre ingresos y obligaciones, pero no resuelve por sí misma una situación en la que los gastos superan de manera permanente a los ingresos. En ese caso, el problema también queda vinculado con la capacidad de generar empleo y recursos sostenibles.
