La decisión marca un cambio respecto de las operaciones anteriores, en las que los montos adjudicados fueron considerablemente mayores. En las dos primeras subastas del título, realizadas el 15 y el 29 de julio junto con sus respectivas segundas vueltas, la Secretaría de Finanzas colocó US$1.126 millones, sobre un máximo de emisión de US$2.000 millones.
En esta oportunidad, el Gobierno redujo de manera significativa el cupo, en un contexto de menor oferta de dólares y de una desaceleración en el ritmo de compra de reservas por parte del Banco Central.
La licitación también contempla una serie de bonos en pesos y dólar linked con vencimientos de corto plazo, dentro del actual mandato presidencial. De esta manera, Economía dejó de lado la estrategia de extender los plazos de vencimiento.
Los vencimientos que deben ser refinanciados ascienden a $4,5 billones y se encuentran en su totalidad en manos del sector privado. El foco estará puesto en la estrategia que adopte Economía frente a esos compromisos: si permite una mayor circulación de pesos para impulsar la actividad o mantiene la absorción de liquidez para evitar presiones inflacionarias.
Uno de los principales desafíos para el equipo económico es el equilibrio entre las tasas de interés en pesos y el comportamiento del dólar. La estrategia de contención cambiaria implicó una mayor utilización de instrumentos dólar linked, que al mismo tiempo contribuyeron a absorber pesos del sistema.
La presión sobre ese equilibrio aumentó luego de que el tipo de cambio se acercara a los $1.500 durante la semana pasada.
En la última licitación, la Secretaría de Finanzas absorbió $3,7 billones por encima de los vencimientos y destinó la mayor parte de esos fondos a una cuenta del Banco Nación, con el objetivo de evitar un impacto sobre la liquidez del sistema.
En paralelo, una serie de declaraciones que generaron diferencias sobre el destino de esos fondos derivó en un conflicto judicial entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la diputada nacional Marcela Pagano.
