El petróleo es el insumo clave en la producción de naftas y gasoil, y su precio interno se encuentra alineado con el internacional. Esta decisión política promueve el aumento de la producción y las exportaciones. Desde el inicio de las hostilidades en marzo, el barril de petróleo pasó de un promedio de 70 dólares a un pico de 126 dólares, reflejando los temores sobre la escasez.
Este incremento ha llevado a un aumento generalizado en los precios de los combustibles a nivel global, aunque el efecto varía según las políticas gubernamentales y si un país depende de importaciones de petróleo y combustibles (como Uruguay) o no (como Argentina).
Varios informes demuestran la incidencia de este aumento en la inflación. Según estimaciones de un instituto local, el incremento de los combustibles en el mercado argentino es cercano al 25%, una cifra más conservadora en comparación con otros países de la región, donde Ecuador alcanzó un 14,7%, México un 10,70%, Brasil un 4,9%, y Colombia un 1,9%.
Cuando en mayo se empezó a vislumbrar que la oferta de petróleo mundial podría estabilizarse a pesar del conflicto, el precio del barril comenzó a descender, alcanzando hoy los 72 dólares. Sin embargo, esta disminución no se ha trasladado de manera uniforme a todos los surtidores.
Recientemente, el presidente de Estados Unidos cuestionó que los precios de los combustibles no bajaran en la misma proporción que el costo del crudo, sugiriendo que los consumidores estaban siendo “estafados” y que llevaría el caso a la justicia.
El mes de junio marcó un punto de inflexión en la desconexión entre los precios del petróleo y los combustibles, especialmente en aquellos países donde se espera que ambos se muevan en conjunto, pero donde no existe una intervención estatal que mitigue los efectos de las fluctuaciones externas.
Según análisis de especialistas, esta desconexión ha causado diferencias notables en la industria. A pesar de que toda la cadena petrolera ha visto mejorar sus ingresos debido al conflicto, en las últimas semanas el sector de refinación ha acaparado la mayor parte del beneficio.
Los otros países latinoamericanos que producen y exportan crudo han adoptado diferentes enfoques para mitigar que los aumentos en los mercados internacionales se vean reflejados en los precios locales. Brasil, por ejemplo, ha incrementado impuestos sobre ventas externas para redistribuir la producción hacia el mercado interno, al tiempo que ha reducido impuestos sobre importaciones y subsidiado la producción de gasoil, exigiendo que estas ventajas se trasladen a los consumidores.
México también ha recortado impuestos y otorgado estímulos fiscales, priorizando el gasoil, considerado esencial para el transporte. Mientras tanto, Colombia se ha beneficiado del menos ajuste en precios gracias a un fondo de estabilización que mantiene los costos de los combustibles relativamente fijos, acumulando recursos para épocas de incremento.
La versión local de este sistema es el “buffer” propuesto por una empresa líder en refinación, que establece precios de nafta y gasoil en torno a un valor teórico de 90 dólares por barril, inferior al pico alcanzado durante la guerra, pero aún por encima de los precios actuales.
Este sistema se encuentra en una fase de “compensación”, tal como lo define el CEO de YPF, quien se muestra optimista respecto a esta colaboración. No obstante, sigue siendo incierto cuándo finalizará esta colaboración de los consumidores y cómo evolucionarán los precios de los combustibles.
Otras productoras de petróleo que no refinan, como algunas firmas locales, han adoptado esta fórmula, aunque no todas las transacciones han reflejado esta estrategia, que resultó de un acuerdo privado sin supervisión estatal centralizada.
Además, una resolución del ministerio de Desregulación ha eximido a las empresas del sector de informar sus precios, lo cual complica el seguimiento y la previsión sobre estas variables.
El precio del petróleo es fundamental en la determinación de los precios de los combustibles, pero no es el único factor, ya que impuestos, biocombustibles y el tipo de cambio también influyen en posibles aumentos.
El gobierno actual aún cuenta con la herramienta de manejar ciertos impuestos sobre los combustibles, que juntos representan el 17% del precio final, sin ajustar de acuerdo con el índice de precios al consumidor, como establece la normativa. A pesar de esto, esos tributos cuentan con un desfasaje real considerable en comparación con precios actualizados.
Por el momento, esta es la única acción directa que el Gobierno tiene para evitar un aumento desproporcionado en los precios de los combustibles y, en consecuencia, una inflación mayor. Al mismo tiempo, representa una fuente de ingresos que resulta difícil de soltar.
Una situación similar ocurre con los precios de los biocombustibles utilizados para mezclar con los carburantes, que también están bajo control gubernamental y presentan atrasos, a pesar de algunas actualizaciones. Este tema refleja la falta de cumplimiento de resoluciones sobre los precios del bioetanol y el biodiésel, debido a distintos gobiernos. Aunque esta regulación es indirecta, representa un intento informal de controlar precios que, en teoría, son libres.
Finalmente, otro factor que impulsa el aumento en los surtidores es el tipo de cambio, dado que el petróleo se comercializa en divisas fuertes. Un incremento en el dólar también influye en el alza de naftas y gasoil, lo que significa que cualquier ajuste en la moneda podría repercutir en los precios finales.
Aunque no hay fechas ni ajustes concretos, la certeza es que los combustibles seguirán encareciéndose por razones completamente ajenas a las fluctuaciones del mercado global, en el que Argentina está comenzando a afirmar su rol como exportadora.
