El descubrimiento surgió la semana pasada durante la declaración de Carlos Alberto José Rodríguez, quien ocupaba, en el período de la investigación, el cargo de subdirector general de la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros. Durante cuatro meses, Picardi había tratado de obtener información fundamental sobre quiénes tomaban decisiones respecto a esas autorizaciones y bajo qué criterios, en un período que abarca desde octubre de 2022 hasta diciembre de 2023, cuando estuvo en vigor el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
Rodríguez, que actualmente sigue en funciones y desde abril ocupa el cargo de director de Programación y Normativas de Procedimientos Aduaneros, fue convocado a declarar en esta causa, que ahora está en el juzgado de Ariel Lijo. En la primera parte de su testimonio, reiteró una respuesta que se ha vuelto común en la ARCA: el organismo operaba con un sistema automático, sin intervención humana. Sin embargo, Picardi persiguió una respuesta más precisa, preguntando sobre la específica área del Ministerio de Economía que definía estas cuestiones. Fue entonces cuando Rodríguez, ante la presencia de abogados y en una declaración grabada, pinpointó que era la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa.
Esta dependencia, liderada entonces por Sarven Kocak, quien había sido designado de manera provisional por 180 días, estaba bajo la supervisión de Cervantes, un economista que actuaba como enlace con los empresarios en torno a las importaciones, y que en ese momento se desempeñaba como jefe de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, un área clave que dependía de Matías Tombolini, secretario de Comercio. Hasta la semana pasada, este ámbito no había sido mencionado en la causa.
Cervantes cuenta con una extensa trayectoria dentro del Frente Renovador y fue presidente del Partido Justicialista en San Martín, su distrito. También ocupó un cargo en la ANSES durante la gestión de Diego Bossio en el segundo mandato de Cristina Kirchner. Regresó a la función pública en 2019 como gerente de Asuntos Administrativos de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, una entidad bajo el Ministerio de Trabajo.
Apenas Sergio Massa asumió como ministro de Economía en agosto de 2022, Cervantes pasó a liderar la Subsecretaría de Gestión Comercial, enfrentando las innumerables solicitudes de empresarios que buscaban el permiso para importar, en un contexto de restricciones cambiarias y escasez de insumos, incluidos los del sector salud.
Los empresarios lo recuerdan por un hecho significativo: tras la derrota de Massa ante Javier Milei en el balotaje, dejó de asistir a la Secretaría de Comercio, volviéndose inubicable. Algunos sugieren que cambió su número de contacto, ya que dejaron de recibir respuestas a sus mensajes en WhatsApp. Se intentó contactar al economista sin éxito.
Rodríguez fue uno de los dos funcionarios de la ARCA convocados por Picardi en su búsqueda de información, siendo la otra María Carolina Caironi Corral, subdirectora general de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera, quien también declaró la semana pasada.
La investigación también busca esclarecer cómo se llevaron a cabo varias compras de dólares al tipo de cambio oficial durante ese periodo. Por lo tanto, se incluyó en la testimoniales a Marcelo Leguizamón, conocido como “Pan Dulce”, un cadete que trabajaba para Martín Migueles, un operador financiero bajo la lupa, quien tenía vínculos con Elías Piccirillo, también implicado.
Las conversaciones halladas en el teléfono de Migueles, que el fiscal aseguró durante la investigación, incluyen menciones a Leguizamón, quien admitió haber transportado grandes sumas de dinero en al menos dos ocasiones, siempre a solicitud de una secretaria de Piccirillo. En una ocasión, afirmó haber recogido efectivo en una casa de cambio de Paraguay y Florida, y en otra en la intersección de 25 de Mayo y Lavalle. Aunque no especificó cantidades exactas, confirmó haber realizado entregas en una oficina en Libertador 8008, que ya ha sido mencionada en la pesquisa.
Leguizamón fue identificado como el receptor de mensajes en los que Migueles le solicita trasladar una suma de Piccirillo, compuesta por 12 mil dólares en una de las ocasiones. Otra persona que testificó ante Picardi es Rocío Ávila, exempleada de una agencia de cambio en la que Piccirillo tenía una participación del 90%, algo que ella corroboró. El tercer testigo es Sergio Daniel Speroni, un chofer que trabajaba para Piccirillo y que mencionó haber realizado traslados en su mayoría familiares.
Estos avances son hasta ahora los más destacados de una investigación que parece tener escaso interés en avanzar con rapidez. Otro caso similar, que se encuentra radicado desde hace un año y medio en el juzgado de María Romilda Servini, ha reportado aún menos progresos.
