La medida alcanza tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados, además de sus grupos familiares. El cambio pone fin al sistema de afiliación obligatoria que regía para los empleados públicos provinciales y municipales.
Weretilneck sostuvo que el Ipross cuenta con las condiciones necesarias para competir con otras alternativas de cobertura y consideró que el nuevo escenario puede permitirle mejorar sus prestaciones.
Desde el organismo provincial remarcaron que la reforma no implica su privatización ni su desaparición. El Ipross continuará funcionando como obra social pública y mantendrá una parte de los recursos aportados por los trabajadores estatales.
El nuevo régimen establece un esquema de financiamiento dividido entre los aportes personales y las contribuciones patronales. Para los trabajadores activos, el aporte personal será del 4%, mientras que para los pasivos alcanzará el 5,5%. Ese porcentaje será transferido mensualmente a la entidad de salud que cada afiliado haya elegido.
La contribución patronal, en cambio, será del 7% y continuará ingresando al Ipross. La normativa prohíbe que esos fondos sean derivados a entidades privadas.
Ese 7% tendrá además un destino específico dentro del sistema provincial. Un 3% se utilizará para financiar el Plan Oncológico y los Planes Especiales, otro 2% estará destinado al Plan de Discapacidad y Prótesis y el 2% restante se aplicará a Farmacia Ambulatoria y Enfermedades Crónicas.
El sistema contempla también una diferencia importante para quienes opten por una cobertura cuyo costo sea superior al aporte transferido. En esos casos, el afiliado deberá hacerse cargo de la totalidad de la diferencia, incluidas las cuotas o costos adicionales que establezca la entidad elegida.
La normativa establece además períodos mínimos de permanencia. Quienes realicen el primer cambio deberán permanecer al menos 12 meses en la entidad seleccionada. Para los cambios posteriores, el plazo mínimo será de 36 meses.
El Gobierno provincial también estableció mecanismos para evitar que una interrupción de la cobertura privada deje al afiliado sin atención. Si la cobertura elegida se interrumpe por razones ajenas al trabajador, la persona será reincorporada automáticamente al Ipross y sin períodos de carencia.
Asimismo, el instituto provincial deberá garantizar la continuidad de los tratamientos que ya se encuentren en curso hasta que se complete el traspaso de cobertura.
Durante el debate legislativo, Andrea Escudero, integrante del oficialismo y de la comisión encargada del seguimiento del Ipross, aclaró que la nueva legislación no obliga a ningún afiliado a abandonar la obra social provincial. El objetivo, según explicó, es terminar con la condición de afiliados cautivos que durante años plantearon los trabajadores estatales.
La implementación se realizará mediante un sistema mixto, con el objetivo de evitar una migración masiva hacia las entidades privadas, particularmente entre los afiliados más jóvenes. El nuevo régimen comenzará a aplicarse desde el primer día del segundo mes posterior a su presentación.
La ley también establece una excepción para determinados funcionarios y trabajadores del Estado. Quienes ocupen cargos electivos o de designación política, autoridades estatales, integrantes de organismos de control y empleados de empresas públicas no podrán ejercer la opción y deberán continuar afiliados al Ipross.
La disposición apunta a mantener dentro del sistema provincial a quienes tienen responsabilidades vinculadas con la administración de fondos públicos y se fundamenta en el denominado principio de ejemplaridad.
De esta manera, Río Negro pone en marcha un sistema en el que los empleados estatales podrán elegir su cobertura utilizando sus aportes personales, mientras el Ipross conserva la contribución patronal y continúa a cargo de determinadas prestaciones de alta complejidad y programas específicos.
