El nivel de morosidad llegó así a uno de sus registros más elevados de las últimas dos décadas y abrió un nuevo frente de cuestionamientos a la política económica del gobierno de Javier Milei.
El peronismo tomó el tema como uno de los ejes de su discurso y distintos sectores comenzaron a plantear medidas frente al crecimiento del endeudamiento de las familias. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que millones de personas recurren al crédito para afrontar gastos básicos y que la situación requiere una respuesta de alcance nacional.
Kicillof consideró que el problema excede la relación entre particulares y señaló que el Estado nacional tiene responsabilidad regulatoria sobre las entidades que otorgan créditos. También vinculó el incremento de la morosidad con la política económica implementada durante la gestión de Milei.
El gobernador bonaerense cuestionó además el funcionamiento de las billeteras virtuales y planteó que algunas dejaron de operar únicamente como medios de pago para comenzar a ofrecer financiamiento y colocar fondos sin las mismas regulaciones macroprudenciales que alcanzan a otras entidades.
Junto al ministro de Producción, Augusto Costa, Kicillof anunció medidas destinadas a proteger a los consumidores que utilizan billeteras virtuales. Según explicó, la caída de los ingresos llevó a numerosas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos esenciales como alimentos, medicamentos y alquileres.
En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela también avanzó con medidas dirigidas a las familias endeudadas. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia estableció un régimen provincial para los usuarios de créditos de consumo y declaró la emergencia económica y crediticia durante 180 días.
La normativa busca ampliar la intervención estatal ante eventuales prácticas abusivas, exigir mayores niveles de transparencia a los otorgantes de crédito y generar mecanismos de conciliación para atender situaciones de endeudamiento consideradas insostenibles.
Desde la administración provincial señalaron que la medida no busca desconocer deudas ni afectar el funcionamiento legítimo de la actividad financiera, sino intervenir frente a situaciones de abuso y falta de transparencia que puedan comprometer los ingresos de las familias.
En el Congreso, diputados nacionales del PJ Federal solicitaron una investigación sobre el funcionamiento de billeteras electrónicas y entidades financieras ante posibles conductas anticompetitivas y presuntas infracciones a la legislación de defensa de la competencia. El pedido recibió el respaldo de distintos legisladores.
Uno de los argumentos planteados durante la presentación fue el deterioro del poder adquisitivo y el peso creciente de los gastos fijos sobre los ingresos. Según esa posición, una parte de los trabajadores, jubilados y monotributistas está recurriendo al crédito para cubrir gastos cotidianos y, en algunos casos, las tasas pueden alcanzar niveles de hasta 700% anual.
Los legisladores también señalaron que ya existen más de 5,5 millones de personas endeudadas y vincularon el fenómeno con el deterioro de las condiciones económicas de la clase media.
El reclamo también llegó a las calles. La CGT y organizaciones sociales se movilizaron a la Plaza de Mayo para visibilizar el aumento del endeudamiento de las familias. Los manifestantes plantearon que la pérdida de poder adquisitivo dificulta llegar a fin de mes y obliga tanto a trabajadores formales como informales a recurrir al crédito.
El endeudamiento familiar se convirtió así en un eje que atraviesa distintas expresiones del peronismo. Los reclamos se canalizaron mediante iniciativas legislativas, medidas provinciales, pedidos de investigación y movilizaciones, con un planteo común centrado en el impacto de la situación económica sobre los ingresos de los hogares.
