Los establecimientos clausurados están ubicados sobre Manuel Trelles al 2600 y, según el relevamiento realizado por las autoridades porteñas, funcionaban como puntos de abastecimiento de materiales para nuevas construcciones dentro del asentamiento.
El operativo se concretó luego de que un relevamiento del Gobierno de la Ciudad detectara que las edificaciones continúan creciendo sobre estructuras preexistentes y alcanzan alturas de hasta 20 metros. Frente a esta situación, la administración porteña busca limitar el desarrollo de nuevas construcciones en altura.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que la intención es impedir que se sigan construyendo estructuras que puedan poner en riesgo a los vecinos y remarcó que las normas urbanísticas deben aplicarse en todo el territorio porteño.
La intervención contó con más de 100 agentes policiales y equipos de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad, entre ellas Desarrollo Humano, la Agencia Gubernamental de Control, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, Fiscalización, Higiene y la Comuna 15.
Las clausuras se enmarcan en un protocolo impulsado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad y elaborado por la Secretaría de Hábitat e Integración Social para regular el ingreso, registro, control y autorización de materiales de construcción. El mecanismo se aplica junto con las áreas de fiscalización, control urbano y la Policía de la Ciudad.
El objetivo es controlar el ingreso y almacenamiento de materiales dentro de La Carbonilla y limitar la construcción en altura. El operativo también incluyó controles en los accesos, retiro de chatarra y vehículos abandonados e inspecciones en comercios.
La Carbonilla comenzó a formarse a fines de 2001 sobre terrenos nacionales ubicados junto a las vías del ferrocarril San Martín, en el sector comprendido entre las calles Perú, Manuel Trelles, Añasco y Espinosa. La situación dominial de los terrenos dificultó durante años el control urbano y favoreció la expansión del asentamiento, que actualmente supera los 4.000 habitantes.
Con el crecimiento del lugar, las construcciones pasaron de las primeras viviendas precarias a edificaciones de varios metros de altura, lo que generó nuevos problemas vinculados con la seguridad estructural y las condiciones de habitabilidad.
La administración porteña ya había implementado medidas de ordenamiento similares en la Villa 31 de Retiro. Allí se retiró chatarra equivalente a 40 camiones, se clausuraron seis corralones que funcionaban ilegalmente durante la noche y se clausuraron 25 construcciones no permitidas, de las cuales 10 fueron demolidas.
Además, se instalaron carteles para identificar las construcciones que no están autorizadas, como parte de la política de control urbano que la Ciudad busca extender a distintos asentamientos.
