La medida forma parte del Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, creado para regularizar acreencias vinculadas con proyectos de infraestructura y transporte. El mecanismo contempla deudas originadas en certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios acumuladas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, además de obligaciones correspondientes a contratos extinguidos desde 2024.
Las empresas alcanzadas por el régimen tuvieron tiempo hasta mediados de agosto para adherirse. Los títulos que se emitan serán destinados a cancelar obligaciones correspondientes a la Secretaría de Transporte y a la Secretaría de Obras Públicas.
La cancelación no se efectuará mediante un pago en efectivo, sino a través de una canasta de tres títulos públicos capitalizables en pesos. Para determinar su valor se tomará como referencia el cierre del día hábil anterior a la fecha de entrega.
La canasta estará compuesta en un 33% por Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026, con posibilidad de ampliación hasta un valor nominal de $60.000 millones. Otro 33% corresponderá a Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027, con un límite de hasta $51.000 millones, mientras que el 34% restante estará integrado por Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027, que podrá ampliarse hasta $60.000 millones de valor nominal original.
De esta manera, el Ejecutivo utilizará instrumentos de deuda del Tesoro para regularizar las obligaciones pendientes con los contratistas, sin realizar un desembolso inmediato de dinero en efectivo.
La resolución también habilita a los responsables de la Oficina Nacional de Crédito Público, la Dirección de Administración de la Deuda Pública y otras áreas técnicas competentes a suscribir la documentación necesaria para concretar las operaciones.
