En el escrito presentado ante la Cámara, Romeo cuestionó la interpretación de que las pérdidas sufridas por los inversores respondieron únicamente al riesgo propio de una criptomoneda de alta volatilidad. Según planteó, existió una maniobra planificada para perjudicar a quienes participaron de la inversión.
El querellante sostuvo que no se trató solamente de un activo digital con riesgo de mercado, sino de una estrategia destinada a generar una apariencia de legitimidad y confianza mediante distintos mecanismos de promoción.
En ese sentido, afirmó que el desplome del activo no respondió a movimientos habituales del mercado, sino a una maniobra previamente organizada. Además, señaló que antes de la difusión de un mensaje presidencial relacionado con la criptomoneda se habrían producido operaciones de compra a través de billeteras vinculadas a los investigados, utilizando información anticipada.
Romeo también cuestionó el argumento de que la presentación realizada para acreditar la titularidad de los activos virtuales se basaba únicamente en enlaces digitales. En respuesta, indicó que incorporó documentación formal al expediente, incluyendo certificaciones sobre la propiedad de las billeteras utilizadas y los movimientos registrados con la criptomoneda.
Según el planteo presentado, desconocer esa documentación implicaría ignorar pruebas incorporadas al proceso y afectar la posibilidad de que los damnificados participen como parte querellante.
El memorial también cuestionó la interpretación sobre la tecnología blockchain y sostuvo que exigir una acreditación adicional sobre el origen de los fondos para reconocer la condición de víctima implicaría trasladar indebidamente la carga de la prueba sobre los afectados.
En esa línea, Romeo afirmó que no surgieron nuevos elementos que modifiquen su condición de damnificado y señaló que informes incorporados a la investigación respaldarían la trazabilidad de las operaciones vinculadas al vaciamiento del activo.
Por otra parte, sostuvo que la resolución cuestionada no habría considerado una decisión previa de la Cámara Federal que había reconocido la participación de los querellantes en la causa.
El querellante anticipó que, en caso de que la Cámara confirme la decisión, podría recurrir ante la Corte Suprema al considerar que la resolución afecta derechos vinculados al acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
La Cámara Federal fijó una audiencia para el 10 de agosto con el objetivo de escuchar a los damnificados. En esa instancia deberá definir si mantiene la decisión que apartó a los querellantes o si permite que continúen participando activamente en la investigación.
El expediente analiza una presunta maniobra fraudulenta vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada públicamente por el presidente Javier Milei.
La resolución estará a cargo de la Sala I de la Cámara Federal, que deberá revisar la decisión adoptada en primera instancia y determinar si los afectados mantienen la legitimidad para intervenir en la causa.
