El fiscal Mario Villar pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que desestime el recurso presentado por Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de la sociedad que figura como propietaria del inmueble, y que confirme la permanencia de la causa en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10.
El expediente atravesó distintas instancias judiciales. Primero estuvo en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas y luego se produjo una disputa de competencia con la Justicia de Campana. Aunque en una instancia la causa quedó bajo jurisdicción de ese distrito, finalmente la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que debía continuar en el fuero Penal Económico porteño.
La defensa de Pantano y Conte cuestionó esa decisión y sostuvo que la competencia territorial debía establecerse en Campana, donde está ubicado el inmueble. También planteó que la investigación había sido reformulada para mantenerla en la Ciudad de Buenos Aires y que eso afectaría la garantía del juez natural. Entre sus argumentos, incluyó además una acusación de “forum shopping” contra algunos de los denunciantes, entre ellos Elisa Carrió, por una supuesta elección del fuero considerado más conveniente.
Villar rechazó esos planteos y sostuvo que la investigación no se limita a la compra de la propiedad en Pilar, sino que busca determinar la existencia de una presunta maniobra de lavado de activos de mayor alcance. Según el fiscal, el expediente comprende sociedades, aumentos de capital y movimientos de fondos vinculados con la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los elementos mencionados para fundamentar la competencia porteña figuran los domicilios de las sociedades involucradas, la firma de la escritura de compraventa en la Ciudad y la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La investigación también analiza un supuesto circuito de desvío y reingreso de fondos relacionado con la AFA. En ese contexto aparecen mencionadas distintas entidades financieras y domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, además de movimientos vinculados con sociedades y operaciones comerciales.
El expediente está relacionado con Pablo Toviggino, dirigente de la AFA considerado cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. Pantano y Conte aparecen como titulares de la sociedad a nombre de la cual figura la propiedad investigada.
Respecto del planteo sobre un supuesto “forum shopping”, Villar consideró que ese concepto no resulta aplicable al proceso penal argentino. Además, señaló que el propio juzgado federal de Campana había solicitado conservar bajo su órbita otros expedientes vinculados con la AFA, incluso después de remitir la investigación principal al fuero Penal Económico.
Con esos argumentos, el fiscal sostuvo que la Justicia de Campana había mostrado interés en concentrar investigaciones relacionadas con la AFA, mientras que el fuero Penal Económico porteño ya interviene en distintos expedientes vinculados con los hechos bajo análisis.
Villar planteó que el fuero especializado en delitos económicos y estructuras societarias complejas debe continuar con la investigación y solicitó que se confirme la resolución que mantiene el expediente en el Juzgado Penal Económico N° 10.
Ahora, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si ratifica esa decisión o si hace lugar al recurso presentado por la defensa de Pantano y Conte y dispone el traslado del expediente a Campana.
La definición se produce mientras avanzan otras investigaciones relacionadas con el entorno de Toviggino y con movimientos financieros de la AFA en Estados Unidos, en los que Pantano aparece vinculado a partir de un viaje realizado a ese país a fines de junio.
