Con ciertas matices, economistas consultados apoyaron algunos de los cambios en la carta orgánica, como la restricción del financiamiento. Según Milei, el Banco Central no podrá brindar adelantos transitorios, es decir, préstamos que deben ser devueltos al mismo, ni podrá adquirir títulos públicos en el mercado primario, además de eliminar las Letras Intransferibles.
“A partir de ahora es limitar lo que hizo el Central en el pasado, que fue financiar al fisco, comprarle reservas contra Letras Intransferibles, giro de utilidades por diferencia de tipo de cambio, que básicamente los tres son la maquinita. Y limita también un poco de compras de bonos del Tesoro en licitación primaria, pero eso hoy no lo viene haciendo el Banco Central”, explicó el economista Fernando Marull.
La propuesta también restringe el giro de dividendos hacia el Tesoro, permitiendo solo el reparto de ganancias para cancelar deuda y destinando las utilidades derivadas de cambios en los precios a una reserva técnica. Así, el Gobierno limitará una herramienta que la gestión actual utilizó, incluyendo un giro de $ 24,4 billones al Tesoro en mayo pasado.
“Sorprende que Milei se muestre preocupado por la independencia del Banco Central y la financiación al Tesoro considerando que hizo uso, tanto en 2024 como en 2025, de las transferencias de utilidades del Central para alimentar las arcas del Tesoro y para la cancelación de deuda. En efecto, en la gestión de Milei los giros de utilidades ya totalizan el equivalente a US$ 24.200 millones ($ 36,4 billones de pesos)”, señala un informe de CEPA.
El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, afirmó que también “se debe eliminar el financiamiento indirecto a través de la integración de los encajes bancarios con títulos públicos” y que esto “debe ir de la mano de la idéntica reducción de los encajes, convergiendo a estándares internacionales y aumentando la capacidad prestable del sector privado”.
En la misma línea, Aldo Abram, director ejecutivo de una fundación, opinó que “la prohibición también debería alcanzar la adquisición de títulos públicos en el mercado secundario, porque esa operatoria puede convertirse en una forma indirecta de financiar al Estado y facilitar futuras colocaciones de deuda”.
Milei anticipó que la destitución de miembros del directorio requeriría la aprobación de una mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, lo que elevaría las barreras ante cambios arbitrarios del Poder Ejecutivo.
Redrado propuso reducir la cantidad de directores a un máximo de seis, dividiendo los nombramientos entre oficialismo y oposición, sin coincidir con el período presidencial. “El mensaje central es bueno y refuerza la línea de trabajo del tándem Caputo-Bausilli sin dolarización y con Banco Central. Murieron varias promesas electorales: chau a la Banca Simons, viva El Peso Argento y tenemos BCRA para rato”, indicó un banquero en reserva.
Por otro lado, el proyecto que ingresará al Congreso eliminará el mandato múltiple del Banco Central establecido en 2012, que contemplaba la estabilidad monetaria, financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, y fijará un objetivo único centrado en preservar el valor de la moneda.
“Son medidas que buscan dar certeza del compromiso con cuentas públicas superavitarias, en un contexto donde se incumplió la meta fiscal con el FMI de junio y se busca que el riesgo país siga comprimiendo”, señaló Claudio Caprarulo, director de una consultora.
El exdirector del Banco Central, Jorge Carrera, cuestionó la existencia de un solo objetivo y afirmó que “la estabilidad financiera es un objetivo central de la mayoría de los bancos centrales desde la crisis de 2008”. También advirtió sobre la necesidad de debatir en el Congreso todo endeudamiento, incluyendo el financiamiento del Tesoro al Banco Central y los provistos por el Banco Nación, mercados internacionales y organismos como el FMI.
Desde su perspectiva, los cambios buscan mover el centro del debate económico desde la recesión y el desempleo hacia una discusión estructural a largo plazo, cumplir con un requerimiento del FMI y prepararse ante una eventual derrota electoral del gobierno, intentando dejar a alguien cercano en el BCRA de cara a la próxima administración.
Los anuncios se producen en un ambiente de incertidumbre en el mercado respecto a una posible reversión del plan de ajuste de cara a las elecciones de 2027. Los analistas coinciden en que la reforma limitará al próximo gobierno. “Esto es más para el pasado y eventualmente en el futuro limita herramientas en un cambio de gobierno”, afirmó Marull.
“Es probable que la magnitud de la volatilidad continúe dependiendo de qué fuerzas políticas compitan y de los programas económicos que estas propongan. Sin embargo, al elevar los costos legales e institucionales de un eventual retorno al financiamiento monetario del déficit fiscal, la reforma de la carta orgánica tendería a acotar el conjunto de políticas disponibles para futuras administraciones. En ese caso, incluso cuando el proceso electoral pueda representar una fuente de volatilidad para los activos argentinos, la probabilidad de una reversión abrupta del régimen monetario se vería reducida”, concluye un informe de una institución financiera.
