Aumento del peso de las tarifas de servicios públicos en los hogares

La reciente revisión de tarifas, impulsada por el Gobierno, ha alterado de manera significativa la distribución del gasto familiar. Este cambio es uno de los efectos más evidentes del ajuste en los precios relativo impulsado por la administración actual, que ha reducido subsidios y ha ido trasferiendo una mayor carga de costos por electricidad, gas, agua y transporte a los hogares. Este fenómeno se manifiesta en un momento en que una gran parte de la población reporta dificultades para llegar a fin de mes, según diversas encuestas. Un análisis de la Fundación Capital indicó que, en los hogares con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, el gasto en tarifas asciende al 22% del ingreso mensual, un aumento notable desde el 5,3% que representaba en diciembre de 2023. Para los hogares con dos jubilaciones mínimas, el porcentaje pasó del 5,1% al 17,3%, más de tres veces. En el caso de una familia con un ingreso mensual de $1,5 millones, que corresponde al ingreso promedio, la proporción de gastos en servicios públicos se duplicó, pasando del 7% al 14%. De manera similar, en hogares con un salario medio del sector formal, el gasto se casi triplicó, al pasar del 3,8% al 10,7%. Incluso aquellos en el segmento de mayores ingresos han visto un aumento en el peso de estos gastos: una familia que percibe $4,5 millones destina actualmente alrededor del 6% de su presupuesto, comparado con el 2% de diciembre de 2023, mientras que en los hogares del decil superior, la proporción pasó del 1,6% al 3%. Con una inflación que ha sido inferior a la de los primeros meses de gestión, la corrección tarifaria ya no se compensa por la nominalidad, y la recuperación de los ingresos ha sido desigual entre diferentes grupos poblacionales. Prácticamente, una mayor parte del presupuesto familiar se destina a cubrir gastos fijos, lo que a su vez limita el dinero disponible para otros consumos. Esto significa que el ingreso disponible, es decir, el dinero que queda después de cubrir los gastos fijos, se recupera más lentamente, a pesar de que la inflación se desacelera y algunos salarios comienzan a recuperarse. Este escenario es similar al presentado en un informe reciente del Observatorio de Tarifas y Subsidios, que revela que una familia promedio del área metropolitana sin subsidios necesitó en junio $282.758 para hacer frente a los costos de electricidad, gas, agua y transporte; esta cifra representa un aumento del 10,1% respecto a mayo y del 54% con respecto al mismo mes del año anterior, superando ampliamente a la inflación. Este gasto ya representa el 15% de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, de acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo. Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos ha incrementado un 919%, mientras que la inflación acumuló 236%. El informe también menciona que un salario promedio ahora cubre 6,8 canastas de servicios, en comparación con las ocho que permitía un año atrás. Además, las tarifas hoy financian solo el 58% del costo de esos servicios, mientras que el Estado cubre el 42% restante, proporción que ha disminuido desde el inicio de la gestión debido a la reducción de subsidios. Esta transferencia de costos a los usuarios ha llevado a una drástica disminución en el gasto del Estado en subsidios energéticos, con las transferencias para sostener las tarifas de electricidad y gas que pasaron de representar aproximadamente el 1,5% del PBI en 2023, a un 1% en 2024, y a un 0,5% en 2025. En términos nominales, este gasto ha caído desde alrededor de US$9600 millones en el último año de la anterior administración a cerca de US$4000 millones en 2025, lo que implica un recorte de aproximadamente US$5700 millones. El propio Gobierno admite que el ajuste tarifario ha implicado costos para los hogares, aunque justifica que es un paso necesario para mejorar la economía. En su primera conferencia de prensa como portavoz presidencial, uno de los funcionarios defendió la estrategia oficial, arguing que las tarifas deben “retornar a sus precios de mercado” para reflejar sus costos reales. Reconoció que se trata de una medida “ingrata”, con “costo social y costo político”, sosteniendo que mantener los servicios por debajo de su valor significa financiar subsidios que, en última instancia, “alguien tenía que pagar”. Para el funcionario, el atraso tarifario y en otros precios regulados fue una herramienta utilizada por la administración anterior para contener la inflación, que de todos modos superó el 200% anual, un nivel sin precedentes en las últimas tres décadas.