En una reunión entre sindicalistas, uno de los participantes describió la coyuntura actual de esta manera: “me llamó el gerente de la empresa y me avisó que los aportes que veníamos haciendo para el programa de jubilados vamos a tener que discutirlos”. Históricamente, sindicatos y cámaras empresariales habían venido tejiendo acuerdos que ahora podrían quedar en desuso.
Ante los primeros intentos de diálogo de algunos gremialistas con el oficialismo, los funcionarios respondieron de forma improvisada a través de mensajes que indicaban su falta de conocimiento sobre los recientes “retoques” en la ley.
Los aspectos más preocupantes para las cajas gremiales radican en el establecimiento de un tope del 2% a las retenciones que el empleador aplica a los trabajadores, monto que se destina directamente al sindicato; en algunos casos, esta cifra podía llegar al 7% del salario bruto. Además, se ha impuesto la necesidad de renovar las paritarias, ya que la falta de una actualización provocaría la pérdida de todos los beneficios no renovados. Esta situación resulta ventajosa para las empresas, que en ocasiones también aportan fondos adicionales bajo distintos conceptos.
La reglamentación aclara que: “Quedan excluidas las cuotas de afiliación sindical y las cláusulas que acuerden otros beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo”.
Aparte de esto, está garantizado un aporte del 6% para la salud por parte del empleador y del 3% por parte del empleado.
En un contexto de disminución del empleo registrado y del sindicalismo, la influencia de los gremios se está desmoronando. “No sabemos qué hacer, esto afecta a los ingresos de los sindicatos, no de un trabajador. Milei jugó una carta directa a los trabajadores. ¿Cómo le explicamos que un sindicato más débil es funcional al gobierno de turno?”, expresó un sindicalista de manera anónima mientras revisaba la notificación oficial.
Durante la votación de la ley, esa misma noche y madrugada, tuvo lugar una serie de reuniones entre legisladores libertarios y ministros con vínculos previos con el sector de camioneros asumiendo compromisos de moderar la puesta en marcha de este plan. Hubo un compromiso de participar en la reglamentación de la ley.
La Secretaría de Trabajo, liderada por el experimentado Julio Cordero y bajo la intervención del ministro Federico Sturzenegger, envió notificaciones a los representantes gremiales instándolos a cerrar paritarias.
Esto implica, en términos prácticos, la caída de la ultra actividad, que permitía mantener beneficios por medio de acuerdos previos a través de convenios colectivos. Esto incluye la posibilidad de negociar por empresas y regiones, un escenario indeseado para los líderes sindicales.
La notificación oficial detalla que se inicia el procedimiento de convocatoria establecido en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, dando inicio a la negociación colectiva requerida y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley N° 14.250 y el artículo 4° del Decreto N° 407/2026. Se insta a las partes a comenzar negociaciones en el marco de la buena fe.
La regulación se basa en tres normas fundamentales: la Ley 27.802, en particular su artículo 137, la Ley 14.250 en su artículo 6° y el Decreto 407/2026 artículo 4°. La Ley 27.802 establece que la Secretaría de Trabajo deberá convocar a negociar, renegociar o ratificar cláusulas de convenios colectivos vencidos dentro del año posterior a su promulgación.
El Decreto 407/2026 reglamenta este procedimiento, señalando como vencidos aquellos convenios cuyo plazo original haya expirado, y permite utilizar como fecha de referencia el 31 de diciembre de 2026 para convenios sin fechas específicas de vencimiento. La Secretaría de Trabajo deberá iniciar el procedimiento dentro de los 30 días desde la entrada en vigencia del mencionado decreto.
El impacto más significativo para los gremios radica en el financiamiento convencional. La Ley 27.802 establece que los aportes y contribuciones establecidos en convenios a favor de entidades gremiales, tanto para afiliados como no afiliados, no pueden superar el 2% de las remuneraciones, excluyendo de este límite la cuota sindical de los afiliados y beneficios derivados de la afiliación.
Adicionalmente, el Decreto 407/2026 incluye en las obligaciones a “aportes, contribuciones, cuotas, retenciones, fondos o cualquier otra carga económica o institucional” en beneficio de las partes firmantes o estructuras creadas por los convenios. Esto puede repercutir en los ingresos que antes se sustentaban por la ultra actividad de convenios, que perderán su continuidad automática sin el acuerdo de las partes, y los que superen el nuevo límite deberán ser ajustados y homologados.
La ultra actividad implica que un convenio colectivo se mantenga vigente después de que finalice su plazo, hasta ser reemplazado por otro. La Ley 27.802 modifica el artículo 6° de la Ley 14.250, haciendo que únicamente las cláusulas normativas, es decir, las condiciones y beneficios directos de los trabajadores, mantengan su vigencia; en cambio, las cláusulas obligacionales, como los aportes, fondos o cargas hacia sindicatos y otros entes, solo seguirán vigentes si hay un acuerdo mutuo.
La época en que Hugo Moyano y Javier Milei coincidían en posturas ha quedado atrás. Los gremios de camioneros y comercio, entre otros, verán alteradas sus finanzas.
