El Ministro de Justicia del gobierno de Milei reiteró la semana pasada que la cobertura de los dos cargos vacantes en la Corte no aparece en la agenda del presidente. Algunos funcionarios interpretaron esta postura como un mensaje dirigido al máximo tribunal, que tiene en sus manos decisiones que podrían repercutir significativamente en las finanzas públicas.
Desde el Palacio de la Justicia en calle Talcahuano, se reconoce que se encuentra en una etapa inicial de análisis y que “no hay plazos” establecidos para resolver la discusión sobre el amparo colectivo que busca declarar la inconstitucionalidad del decreto 759/2025. Este decreto establece que la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795) solo puede ejecutarse una vez se determinen las fuentes específicas de financiamiento y se incluyan las partidas necesarias en el presupuesto general.
Como resultado de la judicialización, se emitió una medida cautelar que suspendió dicha norma. La demanda se centra en que se obligue al Gobierno Nacional a cumplir con la ley aprobada por el Congreso y, en consecuencia, proporcionar los fondos necesarios y establecer las normas requeridas para ello.
Mientras se llevan a cabo masivas marchas universitarias, el Estado Nacional sigue solicitando que esta Ley sea declarada inconstitucional. La decisión final recaerá en la Corte Suprema.
Este caso tiene un complejo trayecto legal. El juez del fuero Contencioso Administrativo Martín Cormick falló a favor del Estado Nacional, señalando que la Ley de Financiamiento Universitario es inaplicable. Su resolución establece que esta medida estará vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) apelaron la decisión de Cormick que suspendió la ejecución de la medida cautelar solicitada por las universidades, la cual obligaba al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con el financiamiento universitario. Este fallo fue respaldado por la Cámara de Apelaciones, lo que llevó el caso hasta la Corte Suprema.
En cuanto al impacto económico, la Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró un informe que señala que tendría un efecto fiscal del 0,23% del PBI. Esta cifra fue calificada por el CIN como un “ahorro poco significativo”, y también se destaca la posible “vulneración al derecho a aprender y enseñar”.
Las universidades demandan la declaración de inconstitucionalidad del decreto 759/2025 y la inmediata aplicación de la ley 27.795, que prevé la actualización de salarios para docentes y no docentes de universidades públicas desde el 1º de diciembre de 2023 y la recomposición de los programas de becas para los estudiantes.
El Estado argumenta que el costo de implementación de la ley se había estimado en el proyecto que fue transformado en ley 27.795, alcanzando aproximadamente $ 1.069.644.600.000 para el presupuesto de 2025, sin contar los costos para 2026. En esa misma línea, se destaca que, al momento del informe, las disponibilidades de crédito para gastos del Estado Nacional eran de $1.184.131.282.846. Por lo tanto, implementar la ley requeriría reasignar el 90.30% de los créditos disponibles hacia el financiamiento exclusivo de dicha ley.
Además, el Gobierno destacó en el Mensaje 63/25 un superávit de 6.769.790,5 millones de pesos, así como un resultado financiero positivo de 2.437.592,4 millones. Sin embargo, al descontar el gasto que exige la ley, se obtendría un resultado negativo de $ -1.184.122.075.463, implicando un riesgo para el equilibrio fiscal.
De acuerdo con información de la ACIJ, las universidades nacionales han enfrentado una notable reducción presupuestaria desde el retorno a la democracia. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto disminuyó un 29%, alcanzando su nivel más bajo desde 2006. En términos per cápita, el financiamiento por estudiante se redujo a 2,4 millones de pesos, la cifra más baja desde al menos 2004. Al mismo tiempo, en marzo de 2026, el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se encontraba un 25% por debajo del nivel de hace tres años.
Otro asunto que preocupa a la Casa Rosada y que también está bajo la evaluación de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti es la demanda presentada por varios gobernadores tras el recorte de fondos relacionados con la Coparticipación Federal, bajo la misma premisa del ‘déficit cero’.
Un fallo favorable a las provincias, según fuentes oficiales, podría implicar un importante desembolso financiero para el Gobierno.
La Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema es la instancia encargada de recibir estos reclamos, promovidos por numerosas provincias que exigen que el tribunal revoca el “recorte de transferencias, la eliminación de subsidios o la modificación unilateral de los impuestos coparticipables”.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha presentado diversas demandas ante la Corte contra la gestión de Javier Milei, reclamando el fondo de Fortalecimiento Fiscal y pidiendo que se declare inconstitucional su eliminación por decreto, así como la devolución de las partidas afectadas. También se ha interpuesto un reclamo que supera el billón de pesos, acusando a la Nación de cambiar unilateralmente el mecanismo de actualización de recursos, basándose en proyecciones presupuestarias en lugar de la inflación real.
Una de las primeras provincias en llevar su caso a la Corte fue Chubut, donde se solicitaron múltiples reclamos, entre ellos, la retención de Coparticipación. Esta provincia sostiene que la Nación ha retenido recursos tras cobrar deudas anteriores del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Otros gobernadores, como Sergio Ziliotto (La Pampa), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Alberto Weretilneck (Río Negro), también aguardan una resolución de la Corte en un sentido similar. Además de los temas relacionados con la Coparticipación, el financiamiento de las cajas previsionales se incluye en los reclamos de más provincias.
