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La investigación judicial expone contratos estatales vinculados a la esposa de Adorni, complicando la situación del Jefe de Gabinete

31 mayo, 2026
in Política
La investigación judicial expone contratos estatales vinculados a la esposa de Adorni, complicando la situación del Jefe de Gabinete
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Entre las múltiples causas judiciales que afectan a Manuel Adorni y su familia por presuntos actos de corrupción, una en particular parece eludir la atención del público informado. Ni los funcionarios que respaldan al vocero han hecho referencia a ella, pero su relevancia no disminuye en comparación con las demás investigaciones sobre posibles irregularidades que cada vez más aprietan el cerco en torno a Adorni y a la Casa Rosada. Este tercer expediente, que avanza discretamente en la recopilación de pruebas, podría representar un serio problema para el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, quien ha sido empresaria desde el 2024.

La actividad en cuestión gira en torno a la empresa que Angeletti fundó durante el ascenso de su esposo en la política libertaria. En poco tiempo, Adorni pasó de ser vocero presidencial a candidato exitoso a legislador porteño y, posteriormente, Jefe de Gabinete.

La firma creada por Angeletti se denomina +Be, especializada en coaching ontológico, y su sitio web indica que tuvo al menos tres clientes, todos ellos vinculados al Estado. La Justicia ya cuenta con documentación que confirma que estas tres entidades realizaron pagos a +Be.

Una de las empresas, Grupo Datco, ha experimentado un notable crecimiento desde la llegada de Javier Milei al poder. Otra, National Shipping, es un proveedor histórico de YPF. La tercera, Grupo Foggia, está asociada al mundo del entretenimiento y fue cofundada por una persona cercana a Karina Milei, además de haber llegado a la final de una licitación para el predio de Tecnópolis, proceso anunciado por Adorni. Sin embargo, el círculo cercano al jefe de Gabinete niega la existencia de contratos con estas tres firmas.

El foco de esta causa se encuentra en analizar si, a través de +Be, el matrimonio Adorni y posiblemente los directivos de las empresas involucradas incurrieron en delitos como cohecho o negociaciones incompatibles con la función pública.

Mientras la atención mediática se centraba en el caso de enriquecimiento ilícito de Adorni, crecía la investigación sobre +Be. En el mismo período, se descubrió que no había evidencia de que Adorni hubiese pagado un viaje en jet privado a Punta del Este durante el último carnaval, aunque su amigo Marcelo Grandio lo hizo y es contratado por la televisión pública.

Los investigadores confirmaron que los tres clientes listados en el portal de +Be efectivamente realizaron pagos por distintos servicios. Esto no constituye un delito en sí, a menos que se demuestre que estas empresas pagaron grandes sumas a cuentas privadas de Angeletti a cambio de favores del funcionario, dado que todas trabajan o han trabajado con el Estado.

Fuentes judiciales apuntan a que hay indicios que no favorecen a Adorni y su esposa en el expediente correspondiente. El juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli están profundizando en los aspectos más críticos de este caso.

Por ejemplo, el Grupo Datco es un conjunto de empresas dedicadas a la comercialización de tecnología que resuelve problemas informáticos para diversas entidades públicas y, según las fuentes judiciales, Datco SA colabora o ha colaborado con el Banco Central, la empresa pública AYSA y la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE). Esta última aceptó haber contratado a +Be para tres proyectos específicos, el primero de los cuales consistía en identificar a líderes y gerentes con talento no explotado dentro de su plantilla. El informe de +Be fue entregado el 21 de diciembre de 2024 y fue firmado por Angeletti y Carolina Sinigalle, quien se identificó como cofundadora.

La consultora cobró un total de 4.031.800 pesos por sus servicios, facturados mediante la empresa SILICA NETWORKS ARGENTINA SA. Posteriormente, +Be intentó realizar una búsqueda de personal para Datco, un esfuerzo que resultó frustrante y que se canceló, lo que llevó a que sólo cobraran 1.806.000 pesos, un 30% del total acordado originalmente.

La naviera National Shipping fue la que notificó a la Justicia sobre su relación con +Be e inmediata mente entendió las posibles implicancias legales que podrían afectar a sus administradores, dado que National Shipping es un contratista habitual de YPF, donde Adorni ocupa un puesto en su directorio desde el 30 de enero de 2026.

Los registros judiciales muestran que dicha naviera pagó a +Be por una capacitación de personal cifras que suman 6.370.000 pesos entre septiembre de 2024 y octubre de 2025. Estos pagos se realizaron antes de que Adorni tomara su cargo como Jefe de Gabinete y luego como director de YPF.

La pregunta que persiste es cómo una empresa con tres décadas de trayectoria en la industria naviera llegó a contratar a una firma relativamente nueva como +Be, cuyo nombre fue patentado por Angeletti, aunque las facturas identifican a esta última como la beneficiaria final.

Además, +Be también fue contratada por otra empresa que involucró negociaciones con el Estado en el contexto de la privatización de Tecnópolis. Grupo Foggia, fundado por Mara Gorini, quien se asociará con Karina Milei, tuvo éxito en llegar a la fase final de la adjudicación de la licitación para este terreno, un proceso previamente anunciado por Adorni.

La interrogante sobre la magnitud del contrato de Grupo Foggia con +Be está por resolverse. Por lo que se ha investigado, los posibles delitos de Adorni incluyen cohecho y negociaciones incompatibles, dada su relación con empresas que contratan a +Be.

El caso de +Be está estrechamente vinculado a la investigación por enriquecimiento ilícito que enfrenta Adorni, especialmente por la compra de una vivienda en el country Indio Cua, cuya compra figura únicamente a nombre de Bettina Angeletti. De no tratarse de un bien común, la esposa del funcionario deberá demostrar que contaba con los recursos financieros para abonar los 20,000 dólares en efectivo que se dice pagó por la propiedad, que luego fue demolida.

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