Este miércoles, docentes y personal no docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) llevan a cabo un paro total en todas sus sedes, en respuesta a la exigencia del Gobierno nacional de garantizar la continuidad de las clases en medio de un conflicto universitario que se agudiza.
La medida, promovida por los sindicatos ADUBA y APUBA, denuncia “provocaciones” por parte del Ejecutivo y demanda el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La tensión se ha incrementado tras la orden del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, a las universidades para que presenten un plan de contingencia con el fin de evitar interrupciones en el ciclo lectivo.
Desde el Gobierno, se hace hincapié en que las instituciones educativas deben asegurar el derecho a la educación de los estudiantes, incluso ante manifestaciones prolongadas.
Ante esta situación, las autoridades de la UBA rechazaron la presión y señalaron la falta de recursos como la raíz del conflicto. Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, criticó que se responsabilice a los docentes por la suspensión de clases, afirmando que el Estado debe asegurar el correcto funcionamiento del sistema educativo. También pidió “menos comunicados en redes y más gestión” para garantizar la calidad educativa.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, respaldó esta opinión y subrayó que el derecho a enseñar y aprender depende del financiamiento estatal. Según él, el Gobierno está incumpliendo la ley aprobada por el Congreso, lo que pone en riesgo los salarios, las becas y el funcionamiento de las instituciones educativas.
Este paro se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el sistema universitario y la administración de Javier Milei, en el que confluyen reclamos salariales y presupuestarios.
En este escenario, los sindicatos han confirmado la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria el 12 de mayo, con el objetivo de visibilizar su demanda por una implementación plena de la ley de financiamiento.
La jornada de paro se suma a una serie de acciones que han ido en aumento en el sector y anticipa un conflicto que promete prolongarse en las próximas semanas, con el financiamiento de la universidad pública como eje central del debate.
