La expectativa dentro del mercado es que los grandes bancos tengan una ventaja inicial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas que ya operan con esas entidades para el pago de salarios y otros servicios financieros. Las fiduciarias, en cambio, apuntan principalmente a compañías de mayor tamaño y multinacionales, con una propuesta basada en mantener separados los fondos de cada empresa, permitir distintas estrategias de inversión y ofrecer mayor trazabilidad sobre los activos.
Desde el sector financiero consideran que una parte importante de los recursos podría quedar fuera del circuito bancario. Entre las variables que podrían definir la elección de las empresas aparecen los costos de administración, la estrategia de inversión, la capacidad operativa para afrontar indemnizaciones y el acceso a información verificada y auditada sobre los fondos acumulados.
La Ley 27.802 y su reglamentación establecieron que los recursos del FAL podrán canalizarse a través de fondos comunes de inversión (FCI) o fideicomisos financieros. El aporte será equivalente al 1% de la masa salarial para las grandes empresas y al 2,5% para las pymes. Se trata de recursos pertenecientes a cada empleador y destinados exclusivamente a afrontar las indemnizaciones de sus trabajadores.
Una de las principales diferencias entre ambas alternativas está en la forma de administrar los fondos. En un FCI, los aportes de distintas compañías se incorporan a un mismo fondo y se invierten de acuerdo con una política general y un determinado perfil de riesgo. En un fideicomiso financiero, en cambio, puede existir una estructura que reúna a varias empresas pero mantenga una cuenta individual para cada una.
De esta manera, los aportes de una compañía no se mezclan patrimonialmente con los de otra y cada cuenta puede tener una estrategia de inversión diferente. La estructura permite identificar cuánto aportó cada empresa, en qué activos se invirtieron los recursos, qué rendimiento generaron y qué monto fue utilizado posteriormente para indemnizaciones.
La modalidad también permite aplicar distintas estrategias dentro de un mismo grupo económico. Una compañía con una elevada rotación de personal podría optar por una cartera más líquida y conservadora, mientras que otra con menor nivel de desvinculaciones podría utilizar un horizonte de inversión diferente.
Otro de los aspectos que destacan quienes impulsan el esquema fiduciario es la posibilidad de que cada empresa designe al asesor financiero o banco encargado de administrar sus inversiones. También podría cambiar ese asesor sin necesidad de abandonar el fideicomiso, ya que los activos permanecen identificados en la cuenta correspondiente a cada compañía.
En cuanto al tamaño de las empresas, dentro del sector consideran que los fondos comunes de inversión pueden resultar más adecuados para compañías pequeñas o con aportes de menor volumen. Los fideicomisos, en cambio, aparecen como una alternativa para empresas con mayores recursos que busquen una estrategia de inversión diferenciada.
Durante los primeros seis meses, los vehículos recibirán los aportes y los invertirán. A partir del séptimo mes, las empresas podrán comenzar a utilizar los fondos acumulados para afrontar total o parcialmente las indemnizaciones.
Para disponer de los recursos, el empleador deberá presentar una declaración jurada con los datos del beneficiario, el monto correspondiente, la cuenta bancaria y la documentación respaldatoria. Una vez validada la solicitud, se rescatarán los activos necesarios y el fiduciario transferirá directamente el dinero al trabajador.
Los administradores deberán mantener carteras con un nivel suficiente de liquidez, debido a que, una vez recibida y validada la instrucción, el pago al trabajador deberá concretarse dentro de los cinco días hábiles.
La responsabilidad por el pago de la indemnización continuará en cabeza del empleador. El FAL funcionará como una fuente de financiamiento disponible y la empresa podrá decidir si utiliza los recursos de manera total o parcial. Los administradores de los fondos no tendrán responsabilidad solidaria por esas obligaciones.
El esquema también establece beneficios impositivos. Los aportes realizados por los empleadores al FAL serán deducibles del Impuesto a las Ganancias, mientras que los rendimientos obtenidos por las inversiones, incluidos intereses, resultados de compraventa, dividendos y otras rentas, estarán exentos de ese tributo.
Además, las cuentas utilizadas exclusivamente por los FCI o fideicomisos para instrumentar el régimen estarán exentas del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios. La normativa nacional, sin embargo, no fijó exenciones específicas para Ingresos Brutos, sellos o tasas municipales, por lo que el tratamiento dependerá de cada jurisdicción.
El esquema todavía requiere normas complementarias de la Comisión Nacional de Valores (CNV), ARCA, la Secretaría de Trabajo y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Bancos, administradoras y fiduciarias competirán así por un flujo obligatorio de recursos que se incrementará mes a mes. Una de las principales incógnitas estará en determinar cuánto dinero permanecerá acumulado a partir del séptimo mes, cuando las empresas podrán comenzar a utilizarlo para financiar desvinculaciones.
Dentro del sector financiero también estiman que el negocio tendrá márgenes acotados y que, una vez transcurridos los primeros meses, la competencia se concentrará principalmente entre bancos y algunas sociedades de bolsa. En ese escenario, el servicio y la gestión de los fondos aparecen como factores centrales para captar y conservar a las empresas.
